Representante de la Contraloría presentó incapacidad

La audiencia preliminar para definir si la acusación por inversiones riesgosas del gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera en Bancrédito va a juicio se pospuso este lunes hasta el año 2025, luego que la representación legal de la Contraloría General de la República (CGR) presentara una incapacidad médica.

En el caso la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó al expresidente Solís Rivera; el exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas; el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas; la exviceministra de Egresos y extesorera nacional Martha Cubillo Jiménez; y el exsubtesorero nacional, Mauricio Arroyo Rivera de los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública, y en el caso de Arroyo Rivera, de seis delitos de falsedad ideológica en concurso material.

El proceso judicial inició luego de la interposición de una denuncia por parte de la Contraloría General de la República (CGR) en julio de 2020 por las inversiones hechas por el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera con recursos de la Tesorería Nacional en el extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), a las que aparentemente los imputados intentaron dar apariencia de legalidad, a sabiendas de una muy baja posibilidad de retorno.

Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada.

La Contraloría denunció ante el Ministerio Público que el Gobierno realizó inversiones de corto plazo en Bancrédito, las cuales terminaron afectando el flujo de caja del Presupuesto Nacional 2018 y poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios por parte del Ministerio de Hacienda, además de aumentar el déficit fiscal de ese año.

El Gobierno invirtió 118 mil millones en Bancrédito para ayudarle ante la falta de recursos, sin embargo, pasados los nueve meses para recuperar la inversión, el Banco no pagó porque su situación financiera empeoró y fue intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Hacienda recuperó 135 mil millones del principal e intereses hasta que el Congreso aprobó la absorción de Bancrédito por parte del Banco de Costa Rica (BCR).

La acusación se presentó bajo la causa 20-000115-1218-PE y dentro del proceso la Contraloría General de la República presentó una querella (acusación privada) y la Procuraduría General de la República presentó una acción civil resarcitoria (para reclamar por daños y perjuicios sufridos) contra los imputados.

Tanto Solís Rivera como Fallas Venegas se apersonaron este lunes a los tribunales para la audiencia privada, sin embargo, tras conocerse de la incapacidad de la representación de la CGR, el juzgado fijó como nueva fecha el periodo del 17 de marzo al 28 de marzo de 2025.