Asociación reiteró importancia de diplomáticos de carrera para reducir episodios como estos

La Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera rechazó este lunes la instrumentalización del servicio exterior para cometer actos de violencia política en reacción a la denuncia hecha por la diputada Vanessa de Paul Castro Mora, quien afirmó que su contrato de servicios profesionales con una empresa costarricense fue rescindido luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles se comunicó con un empresario mexicano con ayuda del embajador de Costa Rica en ese país, Pablo Heriberto Abarca Mora.

A través de un comunicado de prensa, la asociación de diplomáticos expresó su "preocupación ante las graves acusaciones planteadas por una diputada de la República en contra del jefe de la Misión Diplomática de la República de Costa Rica en los Estados Unidos Mexicanos" y recordó que la normativa internacional aplicable a las actividades que desempeñan las misiones diplomáticas reconoce, entre las funciones de esas representaciones, representar y proteger los intereses del Estado; fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas.

Esta Asociación reitera la importancia de la profesionalización de la Carrera Diplomática y rechaza la posibilidad de instrumentalización del Servicio Exterior de la República para supuestamente ejercer violencia política contra cualquier costarricense y aún más cuando se desvirtúe el honor, la dignidad y el derecho al trabajo de un miembro de un Supremo Poder de la República.

La asociación afirmó que la investidura de jefe de misión debe ejercerse bajo los más altos estándares éticos y morales por su condición de máximo representante del país en otro Estado y no debe utilizarse para mancillar la honra o integridad de ninguna persona.

La trascendencia de que los representantes de Costa Rica en el exterior sean conscientes de sus funciones es un aspecto que conocen los diplomáticos de carrera y reduce significativamente episodios como los que han suscitado en el pasado, en personal que no es de carrera.

¿Qué ocurrió?

Mediante una entrevista concedida al periódico La Nación y que fue publicada el viernes anterior, la diputada de la Unidad Social Cristiana afirmó que su contrato de servicios profesionales, que sostenía desde hacía casi 20 años, fue rescindido en diciembre de 2022. Luego, en abril del año siguiente y durante un viaje que hizo a México con dos compañeros de fracción, el embajador costarricense y exdiputado de la Unidad, Pablo Heriberto Abarca le confirmó que por órdenes del presidente de la República tuvo que contactarse con el dueño de la multinacional para que le cesaran el contrato.

Según Castro, el diplomático costarricense no se disculpó con ella por lo que hizo pues alegó que estaba cumpliendo órdenes, y a lo más que llegó fue a reconocer que debió haberse contactado con ella de previo para avisarle lo que iba a ocurrir. 

Estos actos de intervención en la vida profesional de la diputada ocurrieron en el marco del trámite del proyecto de ley de eurobonos, que se tramitó en la Comisión de Asuntos Económicos presidida por Castro y donde ella mantenía una posición inicialmente contraria a los deseos del Ejecutivo respecto al monto y condiciones de financiamiento internacional a autorizar.

Aunque Castro se ha negado a revelar el nombre de la empresa que le cesó el contrato, los documentos en dominio público de la Superintendencia de Telecomunicaciones muestran que ella era apoderada especial de Representaciones Televisivas (Repretel). Asimismo la legisladora reconoció en declaraciones recogidas por el Sinart el año pasado que su relación con esa empresa de medios finalizó en diciembre del 2022, en medio de cuestionamientos sobre sus posibles conflictos de interés al formar parte de la comisión especial que investiga las contrataciones de empresas públicas con la agencia de publicidad del Sinart.

Pese a que los diputados Carlos Felipe García y Leslye Bojorges León, que acompañaron a Castro al viaje a México sabían del tema, y el jefe de fracción Alejandro Pacheco Castro confirmó a La Nación que también se enteraron hacía un año atrás de lo ocurrido, la fracción de la Unidad mantuvo silencio al respecto.

No fue sino hasta este fin de semana que el Comité Ejecutivo del PUSC emitió un comunicado en el cual "repudia el acto de intimidación, que trascendió en distintos medios, en contra de la diputada Vanessa Castro, en el cual el presidente Rodrigo Chaves, presuntamente, intervino para que una empresa rompiese su relación de servicios profesionales con doña Vanessa".

El CEN acompañó y apoyó a la diputada, desde hace un año, cuando fue informado de la situación. Sin embargo, en su momento, doña Vanessa solicitó discreción, por considerarlo un tema de ámbito personal, por lo que el CEN no hizo un pronunciamiento al respecto. El CEN de la Unidad recalcó que estas prácticas no son de recibo en nuestro país, por lo que las condenamos y expresamos nuestra solidaridad con la legisladora.

Este lunes la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, de la cual Castro es secretaria, conoció de una moción para citar al embajador en México para que se refiera a los hechos denunciados, sin embargo la misma no pudo votarse debido a que Castro se retiró de la sesión al tratarse de un tema que la involucra a ella y la comisión se quedó sin quórum.