Organizaciones defienden el derecho de la comunidad a exigir acceso a agua potable.
La Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCAA) y la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA); organizaciones basadas en San José, Costa Rica emitieron esta tarde un comunicado conjunto para manifestar “nuestro absoluto repudio a los hechos de represión y detención de dirigentes comunales y municipales en lucha por el derecho humano de acceso al agua potable en la comunidad de Hatillo, al sur de San José, capital de Costa Rica”.
En la misiva enviada por ARCAA y FANCA recordaron que “desde hace años estas comunidades vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares”. Indican además que esta situación “se ha ido agravando como consecuencia del cambio climático global, que ha hecho más extensa y severa la estación seca en nuestro país, pero sobre todo, debido a la desidia, al desinterés y a la incapacidad de las autoridades de gobierno, que no han tomado las previsiones necesarias para adaptar al país a esta nueva realidad; lo que ocasiona graves problemas no solo de aseo, higiene y salud para estas poblaciones, sino incluso dificultades para la preparación de los alimentos, para la obtención de agua para consumo humano y uso doméstico; así como también el cierre de las escuelas, violentando el derecho a la educación de miles de niños y niñas, por falta del vital líquido”.
Ambas organizaciones manifestaron también su solidaridad con las comunidades en lucha y “con todas aquellas poblaciones que levantan la voz por su legítimo derecho a contar con acceso a agua potable en condiciones de cantidad y calidad adecuadas” y cerraron su mensaje con un “vehemente” llamado a las autoridades del Gobierno para que “cesen de inmediato la represión y liberen sin cargos a todas las personas detenidas”. Solicitaron además “el cese inmediato de la criminalización y judicialización de la protesta social pacífica y el uso del sistema legal como instrumentos de represión en contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y sociales”.
