Acojud señaló que el debilitamiento al Poder Judicial viene de la mano de reformas legales "gestadas de forma autoritaria".

La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) exigió acciones para proteger a jueces y juezas de la república tras recientes ataques de organizaciones criminales. El día de ayer, 21 de marzo, se dio a conocer que una jueza de apellidos Castro Fallas fue víctima de un ataque a balazos en Tarbaca de Aserrí.

Castro Fallas ordenó el allanamiento ejecutado el mismo jueves contra una abogada apellidos Arguedas González, sospechosa de intentar sobornar a otra jueza para beneficiar al grupo criminal “Pancho Villa”, según dio a conocer el medio de comunicación Crhoy.com. 

En una carta enviada a la Corte Plena y con copia al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, Acojud solicitó de urgencia que:

Concreten acciones eficientes y coordinadas para garantizar la protección debida de Jueces, Juezas y que conforme sus obligaciones legales, constitucionales y convencionales, eviten que organizaciones criminales y grupos de poder tengan la posibilidad de seguir atentando contra las personas juzgadoras, tal como sucedió recientemente en el país contra Juezas de la República”.

El órgano representativo de la judicatura detalló que en los últimos siete años se han aprobado reformas legales "gestadas de forma autoritaria", que han impactado estructuralmente al Poder Judicial y a su  independencia,  "atentando contra la calidad del servicio justicia que se brinda a la ciudadanía".

El documento refiere a la reforma del Régimen de Pensiones del Poder Judicial en 2017, que afectó  las condiciones jubilatorias de los jueces y juezas, fiscales y fiscalas, y todo el personal judicial, indicaron.

También a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2018, "que impactó en la disminución actual de la remuneración, el estancamiento futuro del salario y la regresividad en derechos adquiridos, entre otros".

Además la implementación devino en la limitación excesiva del gasto público a través de la aplicación de una regla fiscal desproporcionada, que también impactó la asignación de recursos suficientes para atender debidamente la administración de justicia en todas las áreas, incluyendo el combate a la corrupción y crimen organizado".

Otra ley que apuntaron es la de Empleo Público que fue firmada en 2022 y que puntualizaron  "debilita estructuralmente al Poder Judicial y su institucionalidad, provocando la conjunción de la aplicación de las leyes descritas, la renuncia masiva y el vaciamiento de personal calificado para administrar justicia en forma más efectiva".

El pronunciamiento firmado por la presidenta de Acojud, Adriana Orocu Chavarría, indicó que la implementación de las leyes descritas se experimenta negativamente también fuera del Poder Judicial, con el debilitamiento de la institucionalidad que "impide a la función pública cumplir con sus objetivos, esto sin un correctivo de política pública que genere un equilibrio y resguardo al sistema democrático y los frenos y contrapesos entre poderes".

El mensaje que también va dirigido a Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de Naciones Unidas de Independencia Judicial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos y al Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos.

La misiva además solicita que se active permanentemente la Comisión de Seguridad Institucional, con participación activa de Acojud. Esto en razón del “entendimiento democrático que debe imperar en la facilitación de mejoras en la judicatura, para mantener su independencia”, explicaron.

Asimismo, el documento recordó que, de acuerdo con la CIDH, si los estados no realizan los esfuerzos para garantizar la seguridad de sus jueces y juezas contra toda clase de presiones externas, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectado y frustrar el acceso a la justicia de la ciudadanía.

Para finalizar añadieron que en el reciente Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el reforzamiento de independencia e integridad judicial, se recomendó a los estados parte, que refuerce con prioridad los estándares internacionales de Derechos Humanos sobre independencia Jjudicial, con miras al desarrollo económico, al sugerir una inversión frecuente en estos temas.