La reciente reunión entre el presidente Chaves y su equipo con la contralora Marta Acosta y varios de sus funcionarios fue inédita en la historia política de nuestro país. A pesar de que su importancia quizá se vio opacada por las noticias referentes a las elecciones municipales que se vinieron inmediatamente después, esta reunión resultó altamente reveladora de lo que sucede en la Administración Chaves.

No hay ningún antecedente en el que quien ejerza el cargo de contralor tenga que explicar a un presidente de la República cómo funciona nuestro Estado de Derecho y cómo debe ejercerse la función pública. La contralora Acosta lo hizo con una paciencia franciscana, limitándose únicamente a lo técnico, pero haciéndolo a un nivel de entendimiento sumamente sencillo para cualquiera. Aun así, el señor presidente pareciera que no entendió o no quiso entenderlo. Evidentemente su objetivo era que la contralora quedara ante la opinión pública como la mala de la película y él como la víctima, pues pareciera que desde su perspectiva, interesa más hacer campaña política y ser popular, que resolver los principales problemas del país.

La contralora inició explicando, con estadística en mano, que la actuación de la Contraloría no ha sido más exigente con este gobierno de lo que ha sido en años anteriores. En realidad, aunque hasta ahora algunos se vinieron a percatar, la Contraloría siempre ha sido una piedra en el zapato para todas las Administraciones. Esa es su labor. Constitucional y legalmente están llamados a exigir el cumplimiento de la ley con el propósito de hacer resguardar nuestro Estado de Derecho, pero a su vez para procurar prevenir actos de corrupción a través de la fiscalización del uso de los recursos públicos, promoviendo con ello la transparencia y la buena gestión financiera del Estado.

Posteriormente, la discusión se centró en dos claros ejes: la compra de escáneres y la construcción de la llamada Ciudad Gobierno.

Antes de la reunión, el presidente Chaves había bombardeado a la opinión pública, acusando a la contralora de no estar interesada en la lucha contra el narcotráfico por no permitir la compra de los escáneres. Además, afirmaba que tampoco le importaba el ahorro de miles de millones de dólares al no querer construir la Ciudad Gobierno, lo que permitiría al país ahorrar en alquileres que por años han beneficiado a sujetos privados.

Este argumento así de sencillo de culpar a la Contraloría es aceptado y respaldado por muchos incautos. Es una herramienta que suelen utilizar líderes populistas como parte de su estrategia de manipulación. En una democracia, el fin no puede justificar cualquier medio utilizado para alcanzarlo. Los procedimientos, la legitimidad moral y el estricto apego a la ley resultan esenciales para mantener la integridad del sistema, garantizar transparencia y el bienestar general de la sociedad. Lo contrario, justificar los medios por el fin, claramente puede conducir a prácticas autoritarias y antidemocráticas.

Debemos partir de que la lucha contra el narcotráfico y el ahorro de fondos públicos mediante la compra de escáneres y la construcción de la Ciudad Gobierno no están siendo objeto de discusión. Prácticamente todos deseamos estos objetivos. No obstante, esto no justifica que estos proyectos se lleven a cabo violentando la ley, sin transparencia o con riesgo de corrupción.

En esta reunión, ha quedado en evidencia lo que se ha criticado desde el inicio de la Administración Chaves: la falta de experiencia en la Administración Pública. Lo preocupante es que en una reuniones como estas, queda claro que sus ministros y asesores cercanos también carecen de conocimientos sobre estos temas.

Todo se resume de forma muy sencilla a partir de un principio básico de Derecho que cualquier estudiante maneja perfectamente desde el primer año de carrera: En Derecho Privado se puede hacer todo lo que no está prohibido, mientras que en Derecho Público solo se puede hacer lo que está permitido por ley. Es decir, la Administración Pública requiere de normas habilitantes. Es un principio básico de Derecho que se resume en el principio de legalidad que rige lo público.

A pesar de lo básico de lo anterior y de que todo fue minuciosamente explicado, el presidente Chaves seguía preguntando a la Contralora cuál norma le prohibía hacer las contrataciones que pretendía. Veamos los dos temas centrales con más detenimiento.

Ciudad Gobierno

La idea de construir en un mismo lugar edificios que alberguen diferentes entes gubernamentales, por mucho que se ha querido hacer creer que es una idea de este gobierno, fue una iniciativa que viene desde décadas atrás. En el gobierno anterior de Carlos Alvarado, se presentó formalmente el proyecto con estudios de factibilidad, plan de inversión y diseño para construirlo en Plaza Víquez. La obra sería financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se haría a través de un contrato de concesión a 30 años plazo. A pesar de los significativos avances, Chaves prefirió hacer borrón y cuenta nueva. Ahora el proyecto sería financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual no destaca precisamente por su transparencia. Además, diseñó un planteamiento incompatible con la ley que lleva además a prácticamente al absurdo de obligar al Estado a arrendar terrenos de su propiedad.

Para evitar recurrir a la contratación de obra pública, Chaves pretende realizar la construcción de la Ciudad Gobierno forzando los alcances del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Este artículo señala “la Administración podrá comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, sin emplear procedimientos ordinarios (…)”, para lo cual se deben cumplir ciertos requisitos expresamente indicados.

Nótese que ya solo esto nos da la claridad de que la norma no faculta al Estado para la contratación de servicios de diseño y construcción. Solamente se permite para la compra o alquiler de bienes que ya estén en proceso de construcción o que estén listos para ser arrendados. Como si fuera poco, los requisitos que se piden para su aplicación, tampoco fueron cumplidos por esta Administración.

En otras palabras, si el Estado es el dueño de los terrenos, como en este caso, lo único que puede hacer es construir, y para construir debe apegarse a las reglas de la contratación administrativa, en lugar de utilizar esta norma de excepción como pretende el gobierno.

Ante esto, los asesores del presidente replicaron preguntando por qué con anterioridad el Estado sí había construido obra pública con mecanismos semejantes. La Contraloría tuvo que explicar que los ejemplos de obras que estaban poniendo se habían construido bajo el marco de otra legislación que ya no está vigente.

Compra de escáneres

El Gobierno pretende la compra de escáneres, valiéndose de que la Ley General de Contratación Pública permite, a modo de excepción, realizar contratos entre entes públicos de forma directa. No obstante, la ley indica que esto solo es posible si el objeto contractual se encuentra dentro de las facultades legales del ente a contratar y que este realice al menos un 70% de la prestación. Adicionalmente, las contrataciones que haga el ente público a terceros deben cumplir los procedimientos ordinarios de contratación pública. Como último requisito, la ley advierte que dicha excepción no podrá utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos establecidos en esta ley.

Lo que estaba sucediendo es que RACSA hizo alianza comercial con el consorcio llamado Low Risk, que es el representante local del fabricante de escáneres cuya compra se pretendía. Con ello, se estaba pretendiendo utilizar de forma simultánea dos excepciones que son incompatibles. Legalmente, no es factible utilizar la excepción de contratación entre entes públicos con la figura de la alianza comercial. Tampoco se cumplieron los demás requisitos que exige la ley para hacer uso de la excepción. No debemos olvidar que recientemente trascendió en el operativo del O.I.J. del caso Corona que integrantes de una organización que transportaba cocaína a Europa se jactaban de tener influencia para participar en los negocios de los escáneres con Racsa.

Desde hace bastantes meses, la Contraloría venía advirtiendo de la forma improvisada, poco transparente y al margen de la ley que el gobierno pretendía realizar la referida compra de escáneres. Lejos de atender esto y hacer en su lugar una licitación pública como se debía, el gobierno se empecinó en seguir adelante contra viento y marea hasta que en diciembre pasado ya la Contraloría tuvo que frenar la compra. Valiosos meses perdidos en la lucha contra el narco por querer hacer las cosas a la brava, en forma atropellada.

En síntesis, no es la Contraloría la culpable de que estos importantes proyectos del Gobierno no avancen. Lo que ha hecho es hacer cumplir la ley. Tal y como lo explicó reiteradamente la contralora Acosta al presidente: La aplicación de la ley no es opcional, es obligatoria. Si ella dejara de cumplir la ley, incurriría en delito. Si el gobierno considera que la Contraloría no está aplicando la ley correctamente, puede acudir a la vía judicial para que un juez resuelva. Si el gobierno cree que la ley obstaculiza la forma de ejecutar proyectos, debe acudir a la Asamblea Legislativa para convencer a los diputados de que deben cambiarla. Por lo tanto, esta reunión con la Contraloría era totalmente innecesaria, ya que un buen equipo asesor legal del presidente podría haber aclarado lo que el equipo de la Contraloría explicó de manera técnica y decente, evitando así exponerse a hacer semejante papel.

Lo triste para quienes amamos a este país es que, en esto como en muchos otros temas, el país se estanca y a veces hasta retrocede porque el presidente, acostumbrado a trabajar en el sector privado, sigue creyendo que las cosas se pueden hacer como él quiere o se las imagina, dejando a veces de lado el principio de legalidad, la separación de poderes y la misma institucionalidad en general, o sea, dejando de lado la forma en cómo un presidente y su equipo deben gobernar en un Estado de Derecho. Esto es lo que explica el por qué sus rimbombantes promesas de campaña, con las que convenció a muchos, no han dejado de ser más que palabras al viento. Mientras tanto, el país sigue urgido de soluciones.

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