PANI no informó nombre de la ONG, nombre del albergue, ni su ubicación
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervino un programa que brinda atención a 131 adolescentes y sus hijos e hijas tras realizar una supervisión técnica y financiera de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas al cuidado de niños y adolescentes.
Según informó el patronato en un comunicado de prensa, en el cual no informó el nombre del programa ni su ubicación, el 12 de enero y 6 de febrero se presentaron tres denuncias penales por presuntos casos de abuso sexual y otros delitos en distintas fiscalías.
Lo que el Patronato indicó es que la ONG intervenida "forma parte de las siete organizaciones con las que el PANI firmó un convenio para el 2024, bajo condiciones y por un período de seis meses", con el propósito de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y gestionar los riesgos identificados por el Departamento de Protección y Financiero del Patronato Nacional de la Infancia.
Además de las acciones legales, el PANI tomó como medida cautelar el retiro del personal de seguridad y profesionales del programa intervenido, con su reemplazo inmediato.
Estas medidas se toman con base en una denuncia por supuesto abuso sexual y un informe realizado por el Órgano de Investigación Preliminar del Departamento de Protección del PANI, que evidenció la supuesta violación de derechos a las personas menores de edad respecto de las necesidades básicas de alimentación, vestido, salud e higiene, escasez de artículos personales, entorno seguro, falta de acompañamiento profesional y otras irregularidades.
La intervención del PANI implica la participación de diversos profesionales como médicos, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, administradores y otros, con el objetivo de garantizar la atención integral de 63 adolescentes y sus 68 hijos e hijas menores de 4 años.
La presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, destacó la prioridad de desinstitucionalizar a niños y adolescentes, enfocándose en la revisión de la condición legal de cada menor bajo protección, la coordinación con el Poder Judicial para agilizar procesos y el fortalecimiento del acogimiento familiar.
