CAMPO PAGADO
Ante la amenaza de un caos social y económico para los pensionados, beneficiarios, empleados activos y, en especial, en las finanzas del Banco Nacional de Costa Rica producto de una eventual aprobación del proyecto de ley 21.824 denominado "Ley para derogar los regímenes de pensiones complementarios especiales", manifestamos vehementemente:
- Exigimos respeto a la dignidad humana de los jubilados y pensionados actuales y futuros del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del Banco Nacional de Costa Rica. Rechazamos el flagrante irrespeto del proyecto de ley contra los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas producto de los aportes realizados a lo largo de la vida laboral de los trabajadores del Banco Nacional para obtener una pensión acorde con el ordenamiento jurídico establecido desde hace, aproximadamente, noventa años (90 años).
- Exigimos la defensa de la Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica y de sus empleados la cual establece la protección a las familias de pensionados al garantizar un porcentaje de dicha pensión, al fallecer éste, para los cónyuges e hijos sobrevivientes, y con situaciones especiales de salud, según el reglamento del fondo.
- Exigimos la defensa y salvaguarda del esquema contributivo establecido en el artículo 55° de la Ley del Sistema Bancario Nacional del año 1953 y del Reglamento del Fondo de Garantías y Jubilaciones del Banco Nacional, incorporado a la Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica, y rechazamos en forma absoluta imponer cualquier carga financiera sobre los montos que reciben los jubilados y pensionados actuales y futuros.
- Exigimos que no se atente contra el equilibrio actuarial y financiero del Fondo de Garantías y Jubilaciones del Banco Nacional bajo la quimera del supuesto beneficio individual por la devolución de sus aportes más los rendimientos, lo cual resulta contrario al fin social del fondo, especialmente, a lo establecido en la Constitución Política de nuestro país sobre el estado Social de derecho, a la protección digna de los ciudadanos en la vejez, y a la más elemental lógica financiera siendo que, resultaría en un alto riesgo de pérdidas en el mercado bursátil, ante la liquidación masiva de títulos de los portafolios de inversiones, no solo de este fondo; sino de los otros afectados por este proyecto de ley.
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