Defensoría busca profundizar en los efectos de la regla fiscal en la asignación y ejecución del presupuesto del MEP

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert solicitó a la jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller Castro, información relacionada con diversos programas sociales en el periodo del 2018-2024.

La petición se da como parte del seguimiento que realiza la Defensoría sobre la situación actual en materia de inversión social y de manera particular, aquella dirigida a la atención de la niñez y adolescencia en riesgo, vulnerabilidad y pobreza.

La intención del ente defensor es poder ahondar en posibles efectos de la aplicación de la regla fiscal en la asignación y ejecución del presupuesto del MEP.

La Defensoría solicitó al MEP un reporte que permita conocer la cantidad de estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), del Programa de Transporte Estudiantil, de las Becas Postsecundaria y del Programa de Integración, incluidos datos de edad, género y si corresponde a primaria o secundaria, distribución geográfica de las personas beneficiarias de todos estos programas según la división administrativa del MEP y el monto medio anual de las becas según el tipo.

Otro aspecto solicitado tiene relación con las partidas presupuestarias (presupuestadas y ejecutadas) destinadas a estos programas y becas y, si dicha asignación presupuestaria está asociada a la pobreza extrema o a la situación económica de las familias y cuál es la norma que determina esta decisión.

La semana anterior la Defensoría señaló que los recortes presupuestarios a programas de atención de la niñez y adolescencia en riesgo, vulnerabilidad y pobreza, realizados por el Gobierno impactan en las personas menores. Algunos programas afectados para este 2024 son Avancemos, Red de Cuido del IMAS, Hogares y ONG Subvencionadas por el PANI y Becas de Transporte Estudiantil.

Además, la institución detalló que los recortes se producen en un momento en el que el escenario económico es "realmente complicado para un importante sector de la población", si se toma en consideración que, según la Encuesta de Hogares 2022, en el país casi 4 de cada 10 niños experimentan las limitaciones propias de la situación de pobreza.

Pese al panorama, puntualizaron que solo en el programa Avancemos, las familias de al menos 15.000 beneficiarios dejarán de percibir las transferencias monetarias que sostienen a sus hijos e hijas en el sistema educativo formal, ya que solo este programa recibió 12 mil millones de colones menos que el año anterior.

De la misma manera se ven afectadas las familias que acogen a niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su núcleo familiar por diversas razones, en este caso, el subsidio hoy es un 17,3% menor en el monto ordinario y de hasta un 21,8% para personas con discapacidad, comparado con el año anterior.

Además, se limitó la apertura de nuevos cupos para quienes estuvieran a la espera de ingresar a dicho programa, lo que pone en peligro no solo la continuidad y permanencia de las personas menores de edad en entornos valorados como seguros, sino que condiciona la disponibilidad de nuevos recursos familiares o comunales para ubicaciones temporales, o en el peor de los casos, la respuesta es la institucionalización de las personas menores de edad.