Estudio determinó que entidad está muy lejos de cumplir su razón de ser.
La Defensoría de los Habitantes investigó la situación actual del transporte público abarcando concesiones y permisos, atención de rutas devueltas y abandonadas, verificación de la antigüedad de la flota vehicular de buses y, de modo general, algunas condiciones operativas del Consejo de Transporte Público. Su conclusión es que la entidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), tiene una limitada eficacia y está “lejos de cumplir con sus objetivos de creación”.
Se analizó, por ejemplo, la renovación de concesiones 2021-2028. La Defensoría revisó los datos abiertos de la página electrónica del CTP, al 27 de octubre del 2023 y habiendo transcurrido dos años de la renovación de concesiones, se registraban solo 22 rutas con contrato refrendado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (7.6%) y 266 rutas pendientes de finalizar el trámite de concesión (92.3%). “Esto evidencia que el proceso que sigue el CTP para la firma y posterior envío a refrendo en Aresep es significativamente lento y no hay claridad sobre las razones de la dilación”.
En relación con los permisos para operar una ruta de buses, al momento del estudio, el CTP tenía registradas un total de 848 rutas, de las cuales 640 están en alguna de las diferentes condiciones de permiso. Incluso se observó casos de que se han mantenido con un permiso hasta por 35 años. Esto significa que por cada ruta concesionada existen 29 rutas con permiso aproximadamente. A este dato hay que agregar que, de la totalidad de rutas, en 186 casos no se indicó la condición legal de operación -entre rutas activas e inactivas.
Sobre las rutas devueltas y abandonadas, el CTP informó que 27 rutas fueron devueltas entre el 2020 y 2023 por las empresas que las operaban. Las empresas justificaron ese abandono alegando un desequilibrio económico y financiero, afectación de la pandemia y actividad ruinosa. A pesar de ello el CTP nunca hizo los estudios técnicos para confirmar dichas justificaciones ni cuenta con datos actualizados sobre la afectación a las personas usuarias.
En relación con la vida útil de las unidades, el CTP informó que a abril del 2023 habían 254 unidades con antigüedad vencida, apareciendo incluso unidades modelos 2002 (con más de 21 años de antigüedad), 2003, 2004 y 2005 y que para garantizar la no utilización de dichos buses, semanalmente remite a la Dirección General de la Policía de Tránsito una base de datos sobre estas unidades inscritas para fiscalizar en carretera. No obstante, la Defensoría comprobó que no existe un procedimiento claro y concertado entre las partes para la aplicación de la normativa, “lo cual incide directamente en la falta de inspección y control en carretera de las unidades que, por vencimiento de vida útil, incumplen la ley”.
En cuanto al presupuesto, el CTP argumentó ante la Defensoría una limitación de recursos económicos para realizar actividades ordinarias, lo cual – según ese Consejo- estaría afectando el cumplimiento de sus competencias. Sin embargo, la Defensoría comprobó que en un informe de la Auditoría Interna de dicho Consejo, se evidenció que el CTP tuvo debilidades en la definición de planes de trabajo, mecanismos de control e implementación de las acciones de fiscalización y seguimiento durante tres años consecutivos, a pesar de que ha contado con recursos económicos para cumplir las tareas programadas. En otras palabras, si ha tenido poco presupuesto, el CTP no lo ha ejecutado como correspondía, generando superávits, al tiempo que ha incumplido con sus funciones de fiscalización.
Ante las deficiencias y carencias encontradas en el estudio, la Defensoría recomendó a la Junta Directiva del CTP, tomar medidas para acelerar el proceso de firma y envío a refrendo de los contratos de concesión 2021-2028 de manera que, en un plazo razonable de tiempo, las rutas concesionadas operen con plena vigencia de sus obligaciones contractuales; diseñar una estrategia para iniciar los procesos licitatorios de las rutas que se encuentran en condición de permisionarias, priorizando la licitación de las rutas que tengan más tiempo operando en esa condición y, elaborar un inventario actualizado de las rutas devueltas y en aparente estado de abandono.
