Uno de cada cuatro recursos fueron amparos relacionados con materia de salud.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como Sala IV) cerró el 2023 rompiendo por tercer año consecutivo la cifra récord de casos ingresados y resueltos.

Según estadísticas suministradas a petición de Delfino.cr, el tribunal constitucional recibió un total de 31.537 asuntos durante al año, cifra superior en 2985 expedientes a los entrados durante el 2022 y superior en 5501 a los que ingresaron durante el año 2021.

Del total de expedientes entrados durante el año anterior el 92% (31.121) fueron recursos de amparo, 7% (2423) fueron recursos de habeas corpus y 257 fueron acciones de inconstitucionalidad. El 2023 marcó, además, la primera vez que la Sala recibió más de 30.000 recursos de amparo en un año, pues en el 2022 la cifra fue de 27.431, en el 2021 fue de 24.576 y en el 2020 fueron 22.022.

Del universo de recursos de amparo recibidos por la Sala el 40.7% (12.315) estuvo relacionado con temas de salud y el 68.97% (8194) de ellos fueron declarados con lugar; mientras que otro 5.48% (675) fueron declarados parcialmente con lugar. 

En segundo lugar de temas más conocidos por la Sala se encuentran reclamos de índole penitenciario con 3698 casos (10.93%), reclamos por violación al derecho de petición y pronta respuesta con 3073 casos (9.08%) y asuntos de trabajo con 3044 casos (8.99%).

Por otro lado la Sala resolvió 33.834 casos durante 2023, de las cuales 31.098 fueron con sentencias de fondo y 2736 con votos interlocutorios. Respecto al 2022 la cantidad de sentencias emitidas aumentó en 2386, mientras que respecto al 2021 aumentó en 5559.

De las 33.834 resoluciones emitidas 11.598 (34.27%) fueron sentencias en las que se declaró con lugar el asunto reclamado y otras 2291 (6.77%) tuvieron un voto de parcialmente con lugar. A contrario sensu, 8442 casos (24.95%) fueron rechazados de plano, es decir, no pasaron el filtro de admisibilidad del Tribunal Constitucional; 7381 casos (21.82%) recibieron una sentencia de sin lugar y 323 resoluciones más fueron de rechazo por el fondo (0.95%).

El porcentaje de asuntos resueltos por la Sala en los que no hubo unanimidad en la resolución se situó en 40.60% en el 2023, representando 13.738 de las 33.834 sentencias.

La magistrada Anamari Garro Vargas lideró la estadística de votos divididos por magistratura con 8592, seguida por el magistrado Paul Rueda Leal con 7807 votos divididos. Le sigue el presidente de la Sala, Fernando Castillo Víquez con 4805 sentencias en las que no estuvo del lado de la mayoría y Luis Fernando Salazar Alvarado con 4303 casos. En menor cantidad se encuentran Fernando Cruz Castro con 2790 votos en minoría, Jorge Araya García con solo 228 y la magistrada Ingrid Hess Herrera (que fue electa a finales de octubre del año pasado) reportó apenas 3.

Respecto al circulante la Sala cerró el año con 2538 pendientes de resolución, de los cuales 310 corresponden a asuntos suspendidos mientras se resuelve una acción de inconstitucionalidad asociada.

Finalmente la oficina de prensa de la Sala confirmó que durante el 2023 el tribunal remitió al Ministerio Público testimonio de piezas en cuatro ocasiones por desobediencia y desacato a sus órdenes dadas en sentencia firme.

Las personas denunciadas por desobediencia fueron:

  • José Bartolo López Pineda, en su calidad de representante legal de la Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid de Miramar;
  • Taciano Lemos Pires, director general y Marcela Rodríguez Sánchez, directora interina de Farmacia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia;
  • Carlos Ramírez Sánchez, en su condición de alcalde de Paraíso
  • Isaac Castro Esquivel, en su condición de Viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, y Nogui Acosta Jaén en su condición de Ministro de Hacienda