Oficio firmado por 87 personas funcionarias señala precarización de condiciones laborales y salariales.

Un grupo de 87 personas funcionarias del Departamento de Ciencias Forenses (DCF)  del organismo de Investigación Judicial (OIJ) envió un pronunciamiento al Consejo Superior del Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia, manifestando su malestar por las condiciones laborales y salariales que tienen actualmente.

En su oficio señalaron que no se les han creado plazas ordinarias en los últimos 10 años, a pesar de la evolución de la magnitud y complejidad del fenómeno criminal que ha experimentado el país en ese tiempo. Según detallaron, solo entre 2020 y 2023 el crecimiento de casos pasó de 30.910 solicitudes en 2020 a 36.337 solicitudes en 2023, lo que representa un crecimiento del 17,5%.

El Departamento de Ciencias Forenses del OIJ cuenta con un catálogo de 144 servicios periciales distribuidos en las áreas de Genética Forense, Serología Forense, Química Clínica Forense, Zoología Forense, Botánica Forense, Evidencia Traza, Balística Forense, Química Forense, Toxicología Forense, Ambiental Forense, Ingeniería Forense (civil, topografía y mecánica), Análisis de Escritura y autenticidad documental, Imagen y Sonido Forense. El trabajo del departamento, actualmente, es realizado por 184 personas funcionarias en puestos técnicos y periciales tales como profesionales en microbiología, química, biología, física, ingeniería, fotografía, criminología y otras áreas, con el apoyo de 42 personas funcionarias en puestos administrativos, pero denunciaron que las distintas profesiones de los peritos judiciales de este Departamento se encuentran entre las categorías de remuneración más baja entre los profesionales de todo el Poder Judicial.

Adicionalmente, desde el DFC señalaron que sus condiciones salariales se han visto empeoradas en años recientes por una serie de medidas que se han adoptado, incluyendo:

  • Congelamiento salarial debido a la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas desde hace 5 años, con profesionales que no recibirán un aumento salarial en 10 años o más.
  • La aplicación de la Ley de Empleo Público en el Poder Judicial
  • La severa reforma a La Ley de Pensiones del Poder Judicial, que afecta directamente los rebajos que tenemos a nuestro salario y por tanto la liquidez salarial.
  • A los profesionales cuyo nombramiento está regido por la Ley de Incentivos Médicos, no se les cancela rubro alguno por Prohibición o Dedicación Exclusiva. Sin embargo, por los cambios de horarios indicados anteriormente y por las posibles implicaciones legales, no hay posibilidad de ejercer de forma privada.
  • Que actualmente existen solo algunas actividades fuera de horario ordinario que tienen permitido el pago de horas extra, dejando otras funciones de igual relevancia que se realizan sin pago.

En su carta, el personal de la DFC indicó que “la renuncia de científicos forenses está generando un desgaste constante en sobrecargas de trabajo e interminables capacitaciones de nuevos profesionales quienes no permanecen mucho tiempo en el cargo”, por lo que consideraron que con las condiciones actuales “es sumamente difícil encontrar profesionales que vean al DCF como la opción para iniciar y desarrollarse profesionalmente”.

En su carta el personal de Ciencias Forenses pidió al Consejo Superior del Poder Judicial y a la Corte Plena:

  1. La revisión urgente de los índices salariales del personal de Ciencias Forenses, de tal forma que sean competitivos a la realidad laboral del país.
  2. Implementar un programa de beneficios no remunerados mencionados en el presente documento, que contrarresten los factores de desmotivación que genera renuncias y desinterés de personal nuevo calificado.
  3. Cambiar la política institucional relacionada con la no creación de plazas a pesar el incremento de
  4. El seguimiento y compromiso para dar celeridad en la implementación a corto plazo de los estudios de bienestar y salud que está realizando la

Desde el Poder Judicial confirmaron que el oficio fue trasladado a la Comisión para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, que estudiará el tema. Adicionalmente, en la sesión de Corte Plena del día de ayer se acordó conocer el próximo 20 de febrero la lista definitiva de salario global para la institución.

El pasado 15 de enero la Corte Suprema de Justicia acordó  encargar a la Comisión para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público un informe sobre la política salarial de la institución y la situación de las personas funcionarias en ese campo, tras conocerse la renuncia de José Manuel Fernández Chaves, el único odontólogo forense del OIJ, y quién a su salida de la institución advirtió al Consejo Superior de la pérdida de profesionales que se está dando en el Poder Judicial por el tema salarial.