En esta serie de tres videoreportajes exploramos la realidad del transporte público costarricense.
El transporte público de autobuses en Costa Rica moviliza mensualmente a 2 millones de personas, equivalente al 40% de la población nacional. A lo largo de los últimos 23 años, este servicio ha enfrentado desafíos marcados por evasiones fiscales por parte de empresarios y una regulación deficiente.
En esta serie de tres videoreportajes exploramos la realidad del transporte público costarricense y conversamos con los actores principales de la historia del transporte público de nuestro país, para así responder a la interrogante más compleja: ¿Es posible ordenar el sistema de autobuses de Costa Rica?
Con el fin de contestar esa pregunta se mantuvo un diálogo activo durante casi 10 meses con algunas de las principales figuras de la historia de este servicio en el país procurando analizar los problemas estructurales que han llevado a la disfuncionalidad de este servicio esencial.
Costa Rica cuenta con normas técnicas desde 2015 para evaluar la calidad del servicio de transporte, sin embargo, estas aún no se han implementado ni exigido. En el segundo video examinamos de cerca a los responsables de este estancamiento, a través de las declaraciones de expertos en el campo como Freddy Carvajal, Eduardo Brenes, Bernal Rodríguez y Edward Araya.
Datos del Semanario Universidad revelan que el 50% de las ganancias del sector ($408 millones de 2022 a 2023) están bajo el dominio de 10 grupos empresariales, quienes consolidan empresas familiares. Mantuvimos una conversación detallada con Orlando Ramírez Biolley, gerente del grupo CISE y gerente del Consorcio Operativo del Este, que gestiona una flota de más de 200 buses.
Al profundizar más allá de la integración vertical, analizamos críticamente los riesgos inminentes de un sistema carente de control y regulación. Por esa razón, en esta segunda parte se analizan los peligros inherentes de un sistema desregulado y se subraya la urgencia de implementar medidas correctivas para salvaguardar la integridad del servicio de transporte costarricense.
En un clima cada vez más tenso, las acusaciones hacia el sector empresarial autobusero se intensifican. En esta tercera entrega, el diputado Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio, no duda en señalar directamente al sector por financiamiento de campañas y corrupción; en declaraciones, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, se refiere en el mismo sentido. No obstante, el autobusero Orlando Ramírez sale en defensa de su gremio y asegura haber respaldado campañas políticas en aras del apoyo a la democracia.
Bernal Rodríguez, representante de la Cámara de Transporte, y Ana Zeledón de la Defensoría de los Habitantes, expresan su inquietud sobre la posible pérdida de capacidad regulatoria del sistema, advirtiendo la falta de objetivos claros que podrían llevar a un punto sin retorno.
En un enfoque internacional, Yan Steil, Intendente de Transporte de Luxemburgo, comparte los mecanismos exitosos que implementó para garantizar un servicio de transporte de calidad en su país.
Este último video explora a fondo las acusaciones, defensas y desafíos, ofreciendo una visión completa de la compleja situación que enfrenta el sector autobusero costarricense.
