Crónica de una muerte anunciada es una novela del escritor Gabriel Garcia Márquez, publicada por primera vez en 1981.
La novela representó un acercamiento entre lo periodístico, lo narrativo, y una aproximación a la novela policial. La historia contada se inspira en un suceso real, ocurrido en 1951 en el Municipio de Sucre, ubicado al sur de Colombia, del que el autor tomó la acción central (el crimen), los protagonistas, el escenario y las circunstancias, alterándolo narrativamente, pero sin descuidar nunca los datos y las precisiones obligadas en toda crónica periodística. La premisa de la historia es que, básicamente, terminará en tragedia, todos lo sabemos y, aparentemente, nada puede hacerse para evitarlo.
Es interesante como el ser humano no aprende de la historia y debe ser, en una novela, donde nos acercamos a la realidad por la que pasa Costa Rica actualmente. Lo vemos en los índices de criminalidad, con la llegada del narcotráfico y el crimen organizado. Pero, por otro lado, al Poder Judicial se le limita su presupuesto, el cual pese a estar establecido por Ley, ha sido preciso mendingar, para cumplir con labor sustancial como Poder de la Republica.
Desde la Asamblea Legislativa se aprueban nuevas jurisdicciones y reformas legales que han generado mayor gasto, pero deben ser asumidas con el mismo presupuesto, aunque con algunas excepciones.
Esto lo vive el Poder Judicial desde cada ámbito, Jurisdiccional (juezas y jueces), Ministerio Público (ámbito acusador) Defensa Pública (un apoyo de defensa a la ciudadanía) ámbito administrativo (donde existe una gran cantidad de profesionales para dar soporte a los demás ámbitos; desde profesionales en informática, psicología, medicina, odontología, administración, ingeniería industrial, fotografía, ingenieros de todo tipo, etc.) y, por supuesto, el Organismo de Investigación Judicial (con todas las especialidades para su labor). Todo lo que vivimos se veía venir desde hace algunos años y muchas organizaciones lo señalamos a Corte Plena y al Consejo Superior, pero esas solicitudes terminan en una comisión y, como dice el dicho, “si quiere que algo no se haga, haga una comisión”.
Desde la Asociación Nacional de Profesionales se han enviado varios oficios en los últimos años, entre ellos la nota 1-anprojud-2022, donde se indicó:
“El Poder Judicial de Costa Rica ha sufrido muchos cambios y ajustes en sus derechos laborales, como es bien sabido por ustedes, las reformas al fondo de pensiones y jubilaciones, la regla fiscal y otras amenazas que el gobierno central ha querido introducir en el plano laboral. Todo ello ha contribuido a generar una deserción del personal de todas las esferas de este Poder de la Republica hacia otras áreas más atractivas económicamente y con mayores beneficios; a lo cual se suma la falta de agilidad para asegurarle a las personas, en sus diferentes puestos, que se realicen los concursos y se puedan efectuar los nombramientos para obtener la propiedad. (…)
(…) Esta situación genera un riesgo muy alto (por ejemplo, la fuga de información), por la inestabilidad en los puestos al manejar temas tan sensibles dentro de un Poder de la República. Se considera necesario generar compromiso, una relación permanente con el personal, así como generar evaluaciones del personal interino para su posible nombramiento en propiedad, donde se destaquen los logros más significativos y aquellos aspectos disciplinarios de cada persona.
Es por ello que, dada la situación actual que atraviesa el Poder Judicial, como patrono y la gran inestabilidad en los puestos del personal, esto ha generado lo que se denomina “fuga de cerebros” donde otras instituciones o empresas privadas logran llevarse de la institución al personal judicial, formado y capacitado, ofreciendo mejores condiciones e incentivos laborales.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado de atención para lograr que se genere una mayor permanencia del personal; donde uno de los elementos fundamentales es agilizar los procesos de contratación y realizar los nombramientos de este personal que durante varios años ha estado en condición interina, con el fin de consolidar la propiedad en los puestos respectivos.”
De esta nota se acordó en el acta de Corte Plena 003-2022:
Tener por conocida la petición del licenciado Juan Carlos Sebiani Serrano,…, remitirla a conocimiento del Consejo de la Judicatura, del Despacho de la Presidencia de la Corte, del Fiscal General de la República, del Director de la Defensa Pública, y de la Dirección de Gestión Humana, para su estudio y correspondiente informe a esta Corte sobre los hechos expuestos”
En otra solicitud remitida con numero de oficio 18- Anprojud- 2022, se solicitó;
- Que la institución genere un informe técnico integral (Dirección de Planificación, Trabajo social, Salud Ocupacional, Servicio Generales, Centro de Gestión de la Calidad), donde se proyecte una situación laboral mixta, presencial / Teletrabajo, horarios flexibles y jornada continua, incluyendo, para la toma de decisiones, las necesidades del personal presencial a fin de no afectar el servicio y las plazas teletrabajables, por oficina, despacho judicial y circuitos judiciales.
- Para facilitar la toma de decisiones es necesaria un estudio de costo / beneficio, objetivo que incluya la disminución en gastos de alquiler (al maximizar los espacios en los edificios del Poder Judicial) y los gastos conexos que conlleva esos alquileres.
- Realizar una consulta general a la población judicial respecto de los beneficios que ha obtenido con el teletrabajo y qué afectación podría tener el retomar la presencialidad en forma total.
- Dados los insumos anteriores, revisar el Reglamento de teletrabajo y realizar los cambios que se estimen pertinentes.
De esta solicitud la respuesta tomada por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 21-2022 fue;
Trasladar le gestión presentada por el máster Juan Carlos Sebiani Serrano a la Comisión que desarrolla la política de teletrabajo”.
La última nota enviada por Anprojud se conoció por la Corte Plena, en sesión N° 2-2024 celebrada el 22 de enero de 2024, donde se acordó;
Tener por recibida la comunicación del licenciado Juan Carlos Sebiani Serrano, se dispuso a solicitar a la Comisión de Ley Marco de Empleo Público el estudio y análisis de la política salarial en el Poder Judicial. En razón de lo dispuesto, se traslada la gestión a la mencionada comisión para su conocimiento y fines correspondientes”
De lo anterior, se desconoce que sucede al llegar a estas otras instancias, el Poder Judicial de Costa Rica es uno solo, conformado por profesionales de muchas especialidades para lograr un resultado integral, es necesario realizar los estudios de mercado a fin de conocer los temas salariales y poder hacer competencia con los salarios aunque, algunos puestos son únicos en nuestro país debemos ir al entorno internacional, no es posible verse únicamente a nivel interno, dado que las personas que se capacitan dentro del Poder Judicial, ahora son personas que se contratan a nivel internacional, por otro lado quienes renuncian se llevan conocimientos e información sensible que es riesgosa que se ponga al servicio del crimen organizado.
Como lo vemos, las propuestas de mejoras en las condiciones laborales y económicas del colectivo judicial a Corte Plena y el Consejo Superior han salido desde las diferentes organizaciones, atendiendo al llamado de las inconformidades del personal judicial, pero como se dio en la novela de Gabriel Garcia Márquez, es necesario que las cosas se plasmen desde otra perspectiva para que llamen la atención. El problema es que estamos llegando a un punto de inflexión, desde donde no tendríamos regreso para que Coste Rica sea un país como hace unos años se conocía por su democracia, respetando el Estado de Derecho e independencia Judicial, libre de ejercito armado y donde sus estudiantes, centros de estudio, Seguro Social fueron constantemente reconocidos.
Pero, pareciera que pronto seremos una nueva versión de la “Crónica de una muerte anunciada”. Desde las organizaciones hemos agotado las diferentes vías existentes dentro del Poder Judicial a fin de buscar una solución y parar lo que viene, pero vemos que no es posible, por ello hacemos un llamado a las diputadas y los diputados para que se preocupen por esta situación y busquemos una solución para el Poder Judicial y el bienestar de las los costarricenses.
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