Por Gabriel Morales Fernández – Estudiante de la carrera de Derecho
Costa Rica es de las pocas naciones que cuentan con un estado confesional, esto quiere decir que profesa una religión de manera oficial. Lo encontramos en nuestra Constitución Política, principalmente en el artículo 75, el cual nos dice lo siguiente: “La Religión Católica, Apostólica, Romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.”
El Estado laico se refiere a que no se cuenta con una religión oficial por parte del Estado, pero permite la libre participación de cualquiera. Actualmente, el Estado costarricense permite el libre ejercicio de todas las religiones, pero tiene un favoritismo por la religión católica, la cual se ve beneficiada por subsidios por parte del gobierno.
De acuerdo con la encuesta Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas elaborado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional: “El resultado del estudio arrojó que un 49,6 % de la población rechaza que se giren recursos públicos a las iglesias, mientras que un 44,4 % está a favor. Al preguntarles sobre si la religión debe guiar la toma de decisiones de los funcionarios públicos como el presidente, diputados, ministros y políticos el 57,9% respondió negativamente; un 35% contestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo.” (Córdoba, 2019). Por otro lado, “entre 2010 y 2015, el Gobierno giró ¢3.502 millones a las temporalidades de la Iglesia católica, según datos del Ministerio de Hacienda, el Gobierno donó ¢148 millones a la arquidiócesis de San José entre 2013 y 2014, para el mantenimiento del archivo histórico arquidiocesano, esto amparado en la ley 6475 (Cascante, 2019).
Habiendo mencionado estos datos, queda claro que el Estado costarricense gira grandes cantidades de colones a la religión católica, pudiendo usar este dinero en mejoras en el área de la infraestructura, educación y salud del país. Ahora bien, analizando más los datos, se observa que la mayoría de la población está a favor de separar la religión del Estado, principalmente para que las decisiones que tomen los funcionarios públicos no se basen en las creencias religiosas. Por otro lado, es importante mencionar que todas las iglesia se encuentran exentas del pago de impuesto. Esto no está bien; en particular porque la situación económica del país no es la mejor y todos debemos contribuir para sacarla adelante.
En conclusión, el Estado debe velar por el beneficio de toda la población y, en este caso, se centra únicamente una parte, la cual se ve beneficiada, por este favoritismo, con el dinero que todos los contribuyentes damos, incluso quienes no apoyamos eso. Por tanto, el Estado laico es una necesidad en la actualidad, principalmente, por las implicaciones económicas que tiene y, además, por fomentar la igualdad entre todas las personas y credos.
