ADC denuncia "falta de voluntad política y la violencia institucional" que tienen en riesgo continuidad del proyecto VIH-CR.
La Asociación Demográfica Costarricense (ADC) denunció en las últimas semanas que retrasos procesales de la Junta de Protección Social (JPS) tienen en riesgo la continuidad del proyecto de prevención contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que se trabaja en el país desde el 2015.
Se trata del proyecto VIH-Costa Rica, financiado en primera instancia por el Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria y cuyo receptor principal fue la organización HIVOS. Este proyecto opera desde hace casi nueve años y en su segunda etapa ha sido financiado con fondos nacionales de la JPS, los cuales han llegado a las organizaciones Asociación Demográfica Costarricense, Asociación Esperanza Viva (ASEV) y Transvida.
Sin embargo, y según denunció la Junta Directiva de la ADC en una entrevista realizada por Delfino.cr, en este periodo ese financiamiento no ha hecho más que entrabarse, "año tras año".
Según indicó la Junta:
Este es el proyecto que empezó en el 2015 y que empezó a transicionar a financiamiento doméstico desde el 2018, donde el Fondo Mundial dejaba de tener esa responsabilidad principal y pasaba a la Junta de Protección Social. Desde entonces han venido presentándose situaciones año tras año y por eso ahora queremos hacer pública la situación para evidenciar esta violación a los derechos humanos, ya que se está vulnerabilizando a las personas a las que atiende el proyecto, debido a trabas burocráticas y a procesos lentos con la Junta de Protección Social".
El proyecto VIH-Costa Rica trabaja con hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y con personas trabajadoras del sexo, a las cuales se les brinda educación y a las que se le facilitan paquetes preventivos con información y con condones y lubricantes.
Además, el proyecto brinda espacios de consejería individualizados, acompañamientos a la Caja para que las personas se realicen las pruebas de infecciones de transmisión sexual y de VIH, y para que accedan a la PrEP (profilaxis prexposición), que son los medicamentos que reducen sus probabilidades de contraer el virus, al tiempo que se apoya en el inicio de los tratamientos antirretrovirales y se da acceso a las pruebas rápidas de VIH con laboratorio privado, un proyecto que también se trabajó en centros penitenciarios.
Solo entre setiembre 2022 y agosto 2023, y con los más de 97 millones de colones que se recibieron en ese periodo (cuyo giro también presentó retrasos pues este tenía que llegar en enero y se giró hasta agosto), se atendieron a 3761 personas.
Luego, el año pasado se continúo con la presentación de requisitos para el proyecto N°69 - 2022, el cual se proyectaba para iniciar en setiembre de 2023. Según indicó la Junta Directiva de la ADC:
Los retrasos actuales se deben a falta voluntad institucional y política y a violencia institucional por parte de la Junta. Nosotros enviamos toda la información el 17 de julio y el primer retraso se evidenció el 15 de agosto cuando la Junta nos envió un correo indicando que no les había llegado la información. Información extraoficial nos ha indicado que a la persona a la que le correspondía hacer la revisión de estos documentación estaba de vacaciones, entonces no inició el 17 de julio, sino que cuando se incorporó a trabajar, empezó a buscar y no encontró. Probablemente se traspapeló la documentación, por lo que nos vimos obligados a volver a enviar toda la información el 15 de agosto y a partir de ahí, la Junta no ha hecho más que pedirnos requisitos que se pudieron haber solicitado hace mucho tiempo".
Ante una consulta realizada por Delfino.cr a la Oficina de Comunicación de la Junta, la JPS indicó que la ADC tiene ya aprobado el contenido presupuestario del proyecto en cuestión pero que este se encuentra "en el proceso de Cumplimiento de Principios Generales según lo dispone la ley General de Contratación pública 9986 de Contratación Pública".
Este proceso se detuvo el pasado 8 de diciembre debido a que, según la Junta:
El representante legal de la Asociación Demográfica Costarricense, Sr. Johel Chavarría Monge, informa que necesita hacer cambios en el Plan de Inversión del proyecto aprobado. Ante esta situación, el proceso de revisión se debe pausar hasta que se tramite dicha solicitud y se procede a solicitar la valoración de la solicitud a la Unidad de Valoración Técnica para su respectivo trámite. El proyecto está a la espera de que la Organización cumpla con lo solicitado. Hasta contar con la aprobación de la Junta Directiva se podrá continuar con la revisión correspondiente al proceso de contratación".
Consultada al respecto, la Junta Directiva de la ADC indicó que se presentó una propuesta para el ajuste salarial de forma que este fuera acorde a las condiciones establecidas por el Ministerio de Trabajo; este procedimiento de ajuste pidió ser justificado por la JPS mediante un oficio con un acuerdo de Junta Directiva pero hasta el 6 de diciembre del año pasado la Junta indicó que era necesario cambiar el procedimiento:
Nosotros enviamos ese acuerdo de Junta Directiva el 9 de noviembre y el 6 de diciembre nos contestó la Junta diciendo que se tiene que hacer un cambio en el plan de inversión, es decir, un requisito totalmente diferente para ese mismo efecto. Este atraso se pudo haber evitado si la documentación se hubiera revisado desde julio, cuando enviamos la propuesta de cambio presupuestario, si ahí se hubiese solicitado de manera pronta el cambio en el plan de inversión y se hubiese indicado que este trámite no se realizaba mediante acuerdo de Junta Directiva como la JPS nos indicó en un inicio".
La Asociación también denunció que "muchos de los requisitos que se están pidiendo ahorita en otro momento no se solicitaban al inicio", lo que ha obligado al proyecto a replantear las partidas en diversas ocasiones.
En otras ocasiones se pudieron presentar las facturas como parte del proceso de contratación administrativa, lo que en este momento nos están rechazando. Por ejemplo, si el recurso o servicio que se adquiere es de una PYME o empresa pequeña, antes se solicitaba una factura directamente y se presentaba a la Junta. Ahora no nos están recibiendo esa documentación y tenemos un problemas más muchas empresas, al ser pequeñas, no presentan facturas proforma o cotizaciones como actualmente solicita la JPS. De ahí la Junta nos acusa de tener documentación pendiente y eso nos obligó a hacer más cambios en los planes para que estos bienes y servicios que no se pueden adquirir, se corran a gastos fijos para ver si esto sí es valorado y aprobado. La respuesta que nos dieron, sin embargo, es que esto puede llevarse meses y eso nos preocupa porque si ya se atrasaron de setiembre a la fecha, es probable que esto se extienda hasta febrero o marzo, dejando desmantelado el proyecto".
Según la ADC, la Junta también les "obligaba a que los planes de inversión se presentaran en el plazo de un día, lo cual no era posible en tan poco tiempo".
Preocupación por la continuidad del proyecto
La ADC distribuye material informativo y de prevención contra el VIH.
Según indicó la Asociación a este medio, este sería uno de los momentos más críticos para las organizaciones parte de este proyecto, lo cual pondría en riesgo incluso la continuidad del mismo.
La Junta Directiva señaló que hasta se ha escalado el tema al Consejo Nacional de Atención Integral del VIH sida (CONASIDA), la cual es la instancia asesora adscrita al Ministerio de Salud, encargada del tema:
Nuestra consulta ha sido sobre la sostenibilidad real de este proyecto. Si la Junta no está respondiendo como debe, el que hecho de que exista plan estratégico nacional es un garante que no pasa más allá del papel, pues en la realidad se desfinancia al proyecto por casi un año. Aquí es como se pierde el recurso humano, el contacto con el público meta, el seguimiento de las personas usuarias que tienen que empezar su tratamiento antirretroviral... De ahí que el hecho de que la Junta no responda de manera ágil, lleva a una desprotección de las poblaciones clave".
La Asociación también agregó que esta crisis les ha obligado a cerrar operaciones de forma indefinida, pues a pesar de que la ADC tuvo reuniones con personeros de la Junta, estos les dijeron que "no está en las manos de la Junta agilizar los procesos, pues esto depende de otras instituciones y otras figuras externas, por lo que no está al alcance de los personeros el resolver":
Este es el momento más crítico para las organizaciones porque ya no tenemos otros recursos ni donantes. Por eso ahora la ADC se ve en la obligación de cerrar porque no podemos pagar alquiler, además de que nos quedamos sin recurso humano contratado por culpa de estos retrasos".
Según indicó la JPS en la consulta realizada por Delfino.cr, las otras dos organizaciones parte del proyecto también han enfrentado trabas procesales.
En el caso de la Asociación Esperanza Viva, con esta no "se ha logrado establecer comunicación, a pesar de los correos, oficios y llamadas que se han realizado no se cuenta con la información corregida para proseguir con el trámite", por lo que podrían quedarse sin el financiamiento; mientras Transvida también encontró obstáculos que ya lograron completar. A esta última, y tras el subsane, ya se le tramitó el giro del primer tracto de recursos correspondientes al proyecto.
