Fiscalía recordó a Presidencia que la censura previa está prohibida en Costa Rica
La Fiscalía Adjunta de San José rechazó el miércoles por la mañana la solicitud que hizo la Presidencia de la República de ordenarle al periódico La Nación dejar de publicar "Los audios de Presidencia" que la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina le filtró a dicho diario. Así trascendió al mediodía de este jueves en La Nación y la edición meridiana de Telenoticias.
De acuerdo con el diario de Tibás, la denuncia penal interpuesta por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives incluyó una solicitud al Ministerio Público para que, a través de un juez, se le ordenara al medio de comunicación dejar de publicar las grabaciones, alegando que eran conversaciones privadas y que tanto su filtración como publicación constituían delitos.
Sin embargo, el fiscal auxiliar José Pablo Álvarez Deliyores le explicó a Presidencia que tal solicitud no sería aceptada por tres razones:
La primera, era que las grabaciones no trataban sobre conversaciones privadas, sino sobre temas relacionados con dinero y contratos públicos, por lo que la intervención del presidente y otros altos funcionarios generaba un interés público que justificaba el escrutinio social.
De seguido, señaló que la publicación de los audios por parte de La Nación no constituía un delito penal, como afirmaban Chaves y Rodríguez, pues el delito acusado por las autoridades de Presidencia (uso indebido de correspondencia) no encajaba en los hechos ocurridos, pues fue la propia exministra Navarro quien se los entregó. Respecto a la afirmación de que los audios fueron obtenidos ilegalmente, la Fiscalía indicó que ese aspecto se reservaría para el momento de la resolución por el fondo del asunto.
Y por último, el fiscal le recordó a Chaves y Rodríguez que una orden a La Nación como la que pretendían constituiría censura previa, la cual está prohibida en Costa Rica tanto por normativa nacional, como por la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Nación destacó que en la denuncia ante la Fiscalía tanto Chaves como Rodríguez reconocieron la autenticidad de las grabaciones filtradas, y que las reuniones se llevaron a cabo en Casa Presidencial. Asimismo, revelaron que Presidencia acusó a Navarro del delito de "captura indebida de manifestaciones verbales" en "modalidad agravada" porque los actos lo cometió siendo ministra, mientras que a La Nación la denuncia fue "contra ignorado" porque tenían que ser las autoridades las que determinaran quiénes en el medio autorizaron y realizaron las publicaciones "a sabiendas de que los audios fueron grabados ilícitamente".
