Jerarcas del Poder Judicial acusan a Hacienda de negarles traslado de fondos autorizados por ley.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López; junto al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez y el fiscal adjunto de atención y protección a la víctima, José Ángel Peñaranda Chaverri realizaron una conferencia de prensa la mañana de este martes para ampliar la denuncia realizada ayer sobre el recorte efectivo al presupuesto 2023 del OIJ, el Ministerio Público y la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

Según expuso Zúñiga en la conferencia, en el caso del OIJ el recorte sería de 2000 millones de colones y se produce debido a que, si bien Hacienda no le está quitando recursos, decidió impedirle que trasladaran ese monto, proveniente de partidas que ya no podrán ejecutar durante este 2023, a la partida del Fideicomiso para la construcción de oficinas del OIJ durante el 2024, lo que retrasaría la construcción de un nuevo edificio que permitirá mantener la condición física del personal de San José, y evitaría que el OIJ continúe pagando alquileres de oficinas.

Dato D+: Según el director del OIJ el gasto en alquileres es de 135 millones de colones mensuales, lo cual equivale a 1625 millones de colones en alquileres que se dejarían de pagar anualmente con el edificio.

Por su parte, el fiscal general se unió a la preocupación de Zúñiga, y señaló que en su caso la afectación al presupuesto del Ministerio Público sería de 125 millones, a los que hay que sumarle una afectación de 911 millones que correspondían a la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos, por el mismo motivo y añadió:

Esto para nosotros es preocupante, reitero. Máxime, que ya lo he indicado en muchas ocasiones, no se nos ha dado presupuesto extraordinario. Tenemos una situación excepcional en el país que por lo menos si vemos la cantidad de homicidios diríamos que ya es la situación más alarmante que vive el país en toda su historia y aun así no tenemos recursos adicionales.

El fiscal Peñaranda añadió que esa pérdida de montos "no va a ser este año solamente, va a proyectarse años futuros y afecta los programas que la oficina trabaja, tanto en protección como en atención a testigos, que son esenciales para procurar o por lo menos disminuir la impunidad en el país. En ese sentido, pues también alzamos la voz, porque somos un ente afectado directamente con estos recortes".

El día de ayer el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén circuló un video en redes sociales pretendiendo responder al señalamiento realizado por las autoridades del OIJ y el Ministerio Público, y asegurando que el Segundo Presupuesto Extraordinario (Ley 10.419) “modificaba la disposición de la norma 10 que establece que los recursos de salarios, de horas extras, de dedicación exclusiva, etcétera, no se pueden utilizar en algo que no sea el pago de la deuda, si no pueden ser ejecutados en el año. Esa disposición libera los recursos para que el OIJ pueda dedicarlos a la lucha a compra de implementos, balas, etcétera, no para un fideicomiso”.

A pesar de lo señalado por el ministro de Hacienda, el dictamen del proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa no incluye lo indicado por el ministro Jaén y más bien señalaba expresamente:

en el Poder Judicial, se requiere hacer una modificación, en donde el Poder Judicial normalmente hace una recolecta de recursos que obviamente no va a poder ejecutar, y entonces lo distribuye para la compra de cómputo, en este caso particular, o para incorporarlos en el Fideicomiso de Infraestructura Judicial”.

En la conferencia de prensa Zúñiga reclamó:

no es posible que, si ya la Asamblea Legislativa hizo lo propio para darnos la posibilidad de tomar esos dineros y considerando y tomando en cuenta que ya lo hemos hecho anteriormente, ahora cómo Hacienda nos viene a decir que no se puede, argumentando algo inexistente en la ley”.

Adicionalmente, sobre el accionar de Hacienda en este tema, el director del OIJ señaló que "en el momento en que a nosotros nos deniegan, por una situación absurda que Hacienda está tratando de sacarse de la manga para denegarnos a nosotros la posibilidad de tomar esos dineros, pues me parece bastante grave", y recordó que si bien como indica el ministro existe una norma presupuestaria que impide que los montos no ejecutados de la partida de salarios pueda ser destinada a otras partidas, esa misma norma excluye de su aplicación al OIJ, al Ministerio Público, a la Defensa Pública y al Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

Cuestionado por un periodista sobre si esta situación complicaba el trabajo conjunto entre el OIJ y el Poder Ejecutivo, Zúñiga aseguró que ellos continuarán “trabajando por el país, con el gobierno”, pero advirtió que ya no espera que el Ejecutivo les dé más recursos:

Nosotros trabajamos igual con el gobierno, o sea, con el Ministerio de Seguridad Pública, las relaciones son cordiales con los diferentes ministerios, justicia, etc. Pero de ahí a que nos den más plata, no. Que nos quiten, muy probablemente.

El ministro de Hacienda también cuestionó la capacidad de Ejecución del OIJ señalando que "en el 2021, el Poder Judicial le asignó al OIJ alrededor de 98 mil millones de colones. Sin embargo, casi 4 mil millones no fueron ejecutados. En el 2022, le asignó más de 100 mil millones de colones, y resulta que no ejecutó más de 6 mil 600 millones de colones". Sin embargo, las cifras dadas por el propio Acosta demuestran que el OIJ en esos años ha tenido una ejecución superior al 93%.

Adicionalmente, el director del OIJ recordó que la subejecución es en muchos casos inducida por el mismo Ministerio de Hacienda, al asignarles recursos para compra de equipo hasta el 1 de noviembre, cuando ya no tienen plazo de ejecución para compra de bienes y que esa la razón "que afecta al final para que nosotros podamos cumplir con las metas de un 100%, que ninguna institución tampoco es capaz de hacerlo".