Se efectuaron pagos con tarifas no vigentes y precios no autorizados por la Aresep.
La Contraloría General de la República (CGR) tiene bajo la lupa las compras de electricidad a generadores privados llevadas a cabo por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tras detectar que cinco de los nuevos contratos se firmaron sin el fundamento técnico pertinente y sin dejar trazabilidad de las negociaciones efectuadas.
De acuerdo con el "Informe de Auditoría acerca del cumplimiento de la normativa aplicable a la compra de electricidad a generadores privados para la atención de la demanda eléctrica" emitido el 30 de noviembre anterior, el ente fiscalizador de la Hacienda Pública se dio a la tarea de verificar el cumplimiento de normativa aplicable a la compra de electricidad a generadores privados con plantas existentes, y si esta se realizó bajo criterios de mínimo costo, cantidad y continuidad.
"El análisis abarcó la gestión de compras de electricidad de manera transparente y en apego al marco normativo, y se extendió en cuanto a compras, negociaciones y refrendo de acuerdos con los nuevos precios en los contratos vigentes. En el proceso de auditoría se detectaron potenciales irregularidades", destacó la oficina de prensa de la Contraloría.
De acuerdo con el informe, a septiembre de 2023 el ICE ha contratado la compra de energía eléctrica a cinco plantas existentes (cuatro hidroeléctricas y una eólica) propiedad de generadores privados, sin respaldo en estudios técnicos financieros, económicos, ambientales, sociales y de oportunidad. Estos contratos, que representan un valor total estimado de $41,8 millones, carecen de análisis que demuestren la necesidad y conveniencia para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
A pesar de las recomendaciones de la Dirección de Planificación para contratos de un año, los plazos finales de cuatro de los cinco contratos se extienden por cinco años o más, en contravención al Programa de Expansión de la Generación 2022-2040 que establece la necesidad de capacidad adicional a partir de 2024 y planifica recontrataciones en 2024 y 2025 por períodos más cortos.
Aunque el ICE alegó análisis técnicos que respaldan nuevos esquemas de contratación, no proporcionó documentación a la Contraloría que respalde estos análisis, ni demostró la necesidad de adelantar las contrataciones a 2023 ni de establecer plazos más extensos. Los contratos, en tres de los casos, obligan al ICE a comprar cantidades de energía por plazos de cinco años o más, sin evidenciar conexión con las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional en cada mes.
La Contraloría recordó que existen antecedentes de contratos más flexibles en el pasado, como los suscritos en 2019, que permitieron compras de electricidad principalmente en temporada seca y sin compromiso en la temporada lluviosa. Además, el planeamiento operativo para 2023, que respalda la justificación de los contratos, no contempla las plantas de reciente contratación y muestra suficiencia de recursos para atender la demanda de 2023 sin riesgo de déficit de energía.
Asimismo, el informe señala que a pesar de la justificación del ICE de desplazar generación térmica e importaciones mediante plantas privadas, el estudio de planeamiento operativo no respalda la contratación de todas las plantas privadas con contrato vencido a partir de 2023, ni en las condiciones establecidas en los contratos; al tiempo que la justificación en condiciones hidrometeorológicas del verano de 2023 carece de relación documentada con la toma de decisiones y no considera la incertidumbre climática y las necesidades futuras del SEN.
El ICE decidió adelantar a 2023 la compra de electricidad a generadores privados con plantas existentes sin contrato vigente, en contra de las necesidades y los plazos establecidos mediante su planificación interna de corto y mediano plazo. El actuar del ICE conlleva riesgos de que las contrataciones no se ajusten a los requerimientos del sistema conforme a la evolución de la demanda en los siguientes años, lo que consecuentemente no garantiza el mínimo costo de las compras de electricidad y del servicio eléctrico en general, durante el periodo en que se extienden las nuevas contrataciones.
Otros hallazgos
La Contraloría señaló que el ICE ignoró las regulaciones sobre la elaboración y comunicación de términos de referencia y criterios financieros, económicos, sociales, ambientales y de oportunidad para la selección, contratación y compra de electricidad a plantas existentes. Esto incluye aspectos como precios, plazos, potencia a contratar, bloques de energía requeridos por periodo, fuente de energía y flexibilidad de despacho por etapas horarias.
Adicionalmente, entre el 19 de enero y el 31 de mayo de 2023, el ICE llevó a cabo compras de electricidad a ocho plantas hidroeléctricas y dos plantas eólicas con precios no autorizados por la ARESEP, resultando en pagos excesivos a estos generadores privados por $3,6 millones aproximadamente, con corte al 31 de agosto de 2023. A partir del 1 de junio de 2023, las compras a plantas hidroeléctricas se realizaron con base en dos precios no autorizados, ya que los precios aplicados en los horarios valle y noche estuvieron por debajo del mínimo establecido por la banda tarifaria.
En conclusión, la contratación y compra de energía eléctrica a generadores privados con plantas existentes se realizó con poca transparencia, rendición de cuentas y trazabilidad en el proceso, por lo que no hay garantía de que tales compras sean al menor costo ni en atención a las cantidades requeridas y necesidades del Sistema Eléctrico Nacional, para satisfacer la demanda eléctrica con continuidad, sin riesgo de interrupciones y en las mejores condiciones para la población.
Órdenes
La Contraloría ordenó al Consejo Directivo del ICE que garantice de manera inmediata que la determinación, condiciones y contratos relacionados con la compra de electricidad a generadores privados cuenten con la aprobación de la Gerencia General, y para ello deberá enviar una certificación antes del 22 de diciembre de 2023, detallando los acuerdos tomados en cumplimiento de esa orden.
A Harold Cordero Villalobos, en su calidad de gerente general del ICE se le ha instruyó dirigir y supervisar que cualquier nuevo contrato o adenda con generadores privados cumpla con la normativa y se base en estudios técnicos formalizados que justifiquen la necesidad y conveniencia, así como criterios para determinar precios, plazos y cantidades de compra. Además, deberá asegurar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad según la Ley 7200 y su reglamento al Capítulo I; y deberá remitir certificaciones semestrales a partir de marzo de 2024, asegurando que los procesos cumplen con lo requerido.
Cordero Villalobos deberá, además, aplicar de inmediato precios conforme a las bandas tarifarias establecidas por la Aresep para las compras de electricidad a generadores privados de plantas existentes con contrato vigente y deberá remitir una certificación antes del 22 de diciembre de 2023, asegurando que los precios aplicados cumplen con las bandas tarifarias establecidas por la ARESEP, ya sean transitorios o definitivos.
Además, se le ordenó recuperar los montos pagados de más a cada generador privado por las compras de electricidad efectuadas con precios no conformes a las bandas tarifarias desde el 19 de enero de 2023 hasta la fecha inicial de la vigencia del refrendo del nuevo contrato o adenda al contrato vigente. Para ello deberá establecer los montos a recuperar y enviar una certificación antes del 31 de julio de 2024, confirmando la recuperación de los montos pagados de más.
Finalmente la Contraloría le ordenó establecer, formalizar e implementar criterios para la determinación de precios transitorios en compras de electricidad durante el periodo de negociación de precios definitivos en contratos vigentes con generadores privados; y enviar una certificación antes del 15 de enero de 2024, confirmando el establecimiento y formalización de los criterios, y otra certificación de su implementación antes del 15 de mayo de 2024.
Por otro lado se ordenó a Eric Bogantes Cabezas, en su calidad de Regulador General de la Aresep realizar las acciones necesarias dentro de un plazo máximo de un mes para imponer multas a las partes contractuales involucradas en la compraventa de electricidad entre el ICE y generadores privados con plantas existentes debido a los precios no autorizados por la Aresep a partir del 19 de enero de 2023.
Bogantes Cabezas deberá remitir a la Contraloría General una certificación antes del 14 de febrero de 2024, confirmando la emisión de la orden para iniciar las acciones correspondientes con el propósito de imponer las multas. Además, deberá enviar un informe sobre el avance de estas acciones a más tardar el 14 de agosto de 2024.
Finalmente la Contraloría ordenó a Mario Mora Quirós, en su calidad de Intendente de Energía de la Aresep modificar de oficio las tarifas para el sistema de generación de energía eléctrica que presta el ICE con el objetivo de no considerar los gastos adicionales realizados por compras de electricidad con precios no autorizados por la Aresep a generadores privados de plantas existentes.
Mora deberá remitir a la Contraloría General una certificación antes del 1 de julio de 2024 confirmando que realizó la modificación de las tarifas para el sistema de generación de energía eléctrica que presta el ICE.
Desde el ICE aseguraron que sí cumplió con lo estipulado en la Ley 7200, los reglamentos y las metodologías tarifarias vigentes, emitidos por las Autoridades respectivas, por lo que presentarán la apelación formal "de acuerdo con la normativa legal que lo ampara y dentro del plazo estipulado".
