Por Arturo Cortés - Estudiante de la carrera de Administración

¿Existe una regulación para las cuarterías en Costa Rica? En palabras de Isidro Calvo, asesor de la policía de San José,“no hay una legislación o una ley que sea aplicable, que exija requisitos a quienes quieren dedicar un inmueble a este tipo de actividad” (Calvo, 2020). Él mismo brindó estas declaraciones cuando el pasado julio del 2020 se tuvo que clausurar múltiples “cuarterías” debido a la propagación del COVID-19. Desde entonces, los medios de comunicación se han dedicado a exponer esta problemática social que se vive en Costa Rica y que el Gobierno no ha atendido en las últimas décadas. Así, estas “cuarterías” no cuentan con las condiciones necesarias (son espacios extremadamente pequeños y sin condiciones salubres óptimas). Se habla de la existencia de más de 5.000 cuarterías y más de 21.000 personas que habitan en este tipo de espacios en Costa Rica (una gran cantidad son inmigrantes) (Mora, 2020). Actualmente, no existe regulación contra estas, por lo que es de suma relevancia que el tema se aborde con el fin de evitar que más personas tengan que vivir en condiciones deplorables y sin las condiciones mínimas que debería exigir la ley.

La actual ley que lleva el nombre de “Ley General de Arrendamientos Urbanos y suburbanos”, en sus artículos 1 y 20, establece que el derecho a vivienda digna y adecuada es inherente a todo ser humano y que la cosa arrendada debe ser el total de un inmueble edificado o una parte de él, o bien, debe estar en buenas condiciones de seguridad y salubridad (Procuraduría General de la República, 2017). Así, la realidad es que no existe ninguna ley que las prohíba, por lo que no se puede forzar sus cierres (en el contexto actual, se han dado cierres por los brotes masivos de COVID-19). Dicho esto, es de suma relevancia tener en consideración las diferencias de costos de un alquiler común y corriente a una cuartería. El precio por mes en una cuartería ronda los 40 000 o 50 000 colones y, en muchos casos, la noche puede costar tan solo 1000 cólones, a diferencia de un alquiler común y corriente que puede llegar a costar por lo menos 120 000 cólones (Muñoz Solano, 2020). Cuando se tiene en consideración las poblaciones marginadas y de escasos recursos (especialmente inmigrantes que contribuyen enormemente al enriquecimiento cultural), las cuarterías se vuelven la única opción disponible.

Por lo tanto, es claro que un cierre de cuarterías por parte del Gobierno sería idóneo, pero ¿cómo cerrarlas cuando es la única opción a la que pueden acceder tantas personas? Una solución podrían ser los bonos de vivienda que el Estado otorga; sin embargo, no es una solución a largo plazo porque, a pesar de que el Estado ha invertido grandes cantidades de dinero en los últimos años en proyectos de vivienda para poblaciones de escasos recursos, la realidad es que ha sido insuficiente (Muñoz Solano, 2020). De igual manera, el COVID-19 imposibilita al Estado continuar con dichos proyectos, debido a la reducción en ingresos de los últimos meses. Por esta razón, nuevamente, las cuarterías se vuelven la única opción para aquellos con pocas opciones económicas. Es importante recordar que estos espacios dan techo a poblaciones migrantes que enriquen la cultura costarricense de muchísimas maneras, pero que lamentablemente no han tenido suerte en el ámbito económico por diversas razones.

Entonces, ¿qué se debería de hacer? El Estado no tiene la capacidad económica para brindar vivienda a la población descrita; por tanto, no debería exigir el cierre de las cuarterías, pero sí debe regularlas de manera apropiada. Una regulación fuerte, que establezca lineamientos claros, permitiría mejorar las condiciones en las que más de 21.000 personas viven en el territorio nacional. Una regulación clara ayudaría a reducir el número de personas por cuartería; además, permitiría mejorar las condiciones actuales de las mismas, evitando el hacinamiento y la insalubridad que actualmente presentan. Las cuarterías deben ser reguladas, y su apropiada regulación permitirá al Estado hacerle frente a una problemática social que ha ignorado por décadas.

 

MOXIE es el Canal de ULACIT (www.ulacit.ac.cr), producido por y para los estudiantes universitarios, en alianza con el medio periodístico independiente Delfino.cr, con el propósito de brindarles un espacio para generar y difundir sus ideas.  Se llama Moxie - que en inglés urbano significa tener la capacidad de enfrentar las dificultades con inteligencia, audacia y valentía - en honor a nuestros alumnos, cuyo “moxie” los caracteriza.

Referencias bibliográficas:

  • Calvo, I. (2020, 6 de julio). Al menos 300 cuarterías funcionan en el cantón central de San José. El Periódico CR. https://elperiodicocr.com/al-menos-300-cuarterias-funcionan-en-el-canton-central-de-san-jose/
  • Mora, A. (2020, 7 de julio). Primero Zona Norte, ahora las cuarterías: "El COVID-19 nos está reflejando las condiciones sociales que han estado ahí siempre y no hemos querido ver". Delfino. https://delfino.cr/2020/07/primero-zona-norte-ahora-las-cuarterias-el-covid-19-nos-esta-reflejando-las-condiciones-sociales-que-han-estado-ahi-siempre-y-no-hemos-querido-ver
  • Muñoz Solano, D. (2020, 14 de julio). Falta de inversión pública es tierra fértil para las cuarterías. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/falta-de-inversion-publica-en-vivienda-es-tierra-fertil-para-las-cuarterias/
  • Procuraduría General de la República. (2017). Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Sistema Costarricense de Información Jurídica. https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=23655