Presidencia había dicho a la Sala Constitucional, bajo juramento, que tal orden no se giró.

La exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina confesó que el Gobierno sí giró una orden al resto de instituciones de retirarle la pauta a los medios La Nación, Canal 7, CRHoy.com y el programa radial Nuestra Voz de la periodista Amelia Rueda; así como no dar más entrevistas a este último, ni a la periodista Vilma Ibarra que dirige el programa Hablando Claro de Radio Columbia.

De acuerdo con una publicación de La Nación de este miércoles que contiene declaraciones de Navarro y capturas de pantalla de mensajes de texto, la orden fue girada el 8 de julio de 2022, apenas dos meses iniciada la actual administración, y se emitió en un grupo de WhatsApp en el que estaban los ministros y presidentes ejecutivos que en ese momento integraban el gabinete de Chaves.

Tras la emisión de la orden la periodista Vilma Ibarra denunció ante la Sala Constitucional violaciones a los derechos a la libre expresión y libertad de prensa luego que cinco fuentes periodísticas con puestos de jerarquía dentro del Gobierno le manifestaran entonces que Navarro había remitido tal instrucción.

Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional le pidió a la Presidencia referirse a las alegaciones, tanto Natalia Díaz Quintana (ministra de la Presidencia) como Patricia Navarro Molina y Armando Gómez Ordoñez, ministra de Comunicación y Director de Prensa de la Presidencia respectivamente, negaron bajo juramento la veracidad de las acusaciones.

El mensaje que Navarro había enviado decía:

Otro asunto igual de urgente es la suspensión de TODA publicidad en: La Nación, Canal 7, Crhoy y Amelia Rueda. Sus presupuestos de publicidad se redirigirán a medios regionales y alternativos, con el fin de que los mensajes lleguen más directamente a grupos poblacionales en zonas rurales y personas que se informan a través de medios regionales impresos y digitales. Les insto, con carácter de urgencia, a no participar en entrevistas en Hablando Claro y Amelia Rueda.

Dado que el testimonio de esos funcionarios fue dado bajo la fe y la gravedad del juramento, con las consecuencias incluso penales previstas en el artículo 44 de la Ley que rige a la Sala Constitucional, ese tribunal no pudo dar por probado en aquella ocasión que la orden en cuestión hubiese sido emitida, sin embargo, sí emitió una advertencia dirigida a las autoridades del Ministerio de Comunicación y del Ministerio de la Presidencia, "por la trascendencia del tema y la gravedad que podría implicar girar desde el poder público alguna orden en los términos reclamados en este proceso".

La unanimidad de los magistrados firmantes señalaron en octubre de 2022 que las prácticas que obstaculizan el acceso a la información, como lo es el impedir informar sobre determinados eventos o decisiones, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa, limitarles la publicidad, impedir el acceso a insumos necesarios para la divulgación, entre otras variables relacionadas con la censura directa o indirecta, no pueden ni deben ser avaladas por un Tribunal Constitucional, por la elemental razón de que su acceso y entrega oportuna tiene que hacerse a través de un proceso fácil, expedito y sin complicaciones, que garantice a la población y, en general a la opinión pública, el derecho a la información y a la libertad de expresión.

En aras de garantizar la libertad de prensa y de libre expresión que tienen tanto los periodistas o medios de comunicación colectiva, como la población de manera general, es que las autoridades recurridas deben velar porque cualquier directriz, orden, acto o instrucción que se gire desde el gobierno central se apegue siempre a la protección de estas libertades y de cualquier derecho fundamental de los que se goza en un país democrático como el nuestro, en los términos que han sido expuestos en esta sentencia.

Delfino.cr se contactó con la exministra Navarro para ampliar en los hechos revelados sin embargo indicó que por el momento no daría más declaraciones por motivos de salud.

Según la publicación de La Nación, la exjerarca dijo haber enviado esa orden por disposición de Jorge Rodríguez Vives; se remitió desde su teléfono celular y decidió no ocultarlo más porque le quitaba "la paz".

Asimismo el diario publicó una captura de pantalla de una conversación que Navarro sostuvo con Rodríguez Vives el 26 de junio del 2022, 12 días antes de que se emitiera la orden a los ministros y presidentes ejecutivos, en el que el ahora ministro de Comunicación le indicó: "No más entrevistas de gabinete a Vilma. No visitas a Amelia, etcétera". 

Jorge se molestó porque yo no le estaba dando seguimiento a las entrevistas. Dijo que no más entrevistas porque creía que los jerarcas estaban diciendo cosas inadecuadas. Y era cierto, había que darles taller de vocería, etcétera. Alguna gente nunca había tenido ese tipo de puestos.
—Patricia Navarro en declaraciones a La Nación.

Ese mismo día Rodríguez envió otro mensaje a Navarro que decía "cuándo puedes presentarle lo de la pauta a ver si deja de molestar", en referencia a las solicitudes que había hecho el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de obtener reportes sobre los presupuestos de publicidad en prensa de las instituciones autónomas.

Sobre esas solicitudes el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos Chaves y la exdirectora de Comunicación de esa institución, Xinia Fernández Delgado, confirmaron a medios de comunicación que recibieron solicitudes de Navarro de reportes de la publicidad que paga la Caja a la prensa, pero que le respondieron con el fundamento legal que establece que la CCSS es una institución autónoma y que no podía el Ejecutivo interferir en la forma en que administraban sus recursos.

Delfino.cr solicitó al ministerio de Comunicación una reacción respecto a las revelaciones hechas este miércoles y se está a la espera de una respuesta.