Ante la denuncia de nuevos actos de posibles expresiones racistas en el fútbol, reiteró la necesidad de promover espacios deportivos y de convivencia libres de discriminación de todo tipo y de racismo.
Esta tarde la Defensoría de los Habitantes emitió un comunicado en el que aludió a la denuncia de racismo que trascendió tras un partido de fútbol entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. La Defensoría solicitó a las autoridades correspondientes “investigar con rigurosidad, transparencia y prontitud la situación acaecida en el partido del sábado 18 de noviembre del 2023”.
Del mismo modo comunicó que solicitó al Ministerio de Seguridad Pública informar si el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) nombró a los tres representantes de las federaciones deportivas, de conformidad con lo establecido en el inciso h) del artículo 8 de la Ley N°9145 (Ley para la prevención y sanción de la violencia en eventos deportivos).
En paralelo, la Defensoría requirió información sobre los avances en el análisis de las propuestas de modificación al reglamento a la Ley N° 9145 y si el documento fue trasladado a la Dirección Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública como se indicó el 1 de noviembre del 2023, “específicamente lo correspondientes al estado actual del documento, la instancia responsable y el plazo aproximado en que se proyecta tener finalizado ese proceso”.
A la luz de este nuevo incidente la Defensoría expresó “la urgente necesidad de trabajar en la prevención de la violencia, la no discriminación y el rechazo a toda manifestación de racismo en todas las actividades públicas y privadas, y hace un llamado a toda la institucionalidad a que se lleve un registro que permita dimensionar este tipo de situaciones en el país que violenta la dignidad de las personas”. Además, recordó que en agosto anterior celebró un imposio internacional sobre los derechos de las personas afrodescendientes, en cual personas expertas en la materia recomendaron la necesidad que en cada país “se disponga de datos desagregados étnicos raciales para evitar que exista un subregistro que no permita a los Estados visibilizar y dimensionar en su plenitud la situación de racismo estructural”.
