Mala redacción de la iniciativa terminó en votación 7 vs. 2 por archivarlo.

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa rechazó el martes por la noche, con mayoría de votos en contra, el proyecto de ley 23.689 presentado por el Poder Ejecutivo como parte de sus propuestas en materia de seguridad. Como resultado, la propuesta será archivada en el Congreso a menos que los diputados oficialistas presenten un informe de minoría para mantenerla activa.

El proyecto buscaba incorporar agravantes en los delitos de tenencia ilegal y portación ilegal de armas permitidas. Se considerarían agravantes los casos en los que la persona posea o porte un arma de fuego registrada a nombre de un tercero, haya sido reportada como extraviada o sustraída por el propietario registral, se haya utilizado para cometer un delito, o esté relacionada con la delincuencia organizada o asociación ilícita.

Además, la propuesta contemplaba que la falta de denuncia o reporte de la pérdida, extravío o sustracción de un arma de fuego llevaría a la cancelación de la matrícula y el permiso de portación, si el arma era decomisada a un tercero sin que el propietario registral la hubiera reportado como perdida o sustraída.

En relación con el delito de portación ilegal de armas, se buscaba ampliar la conducta punible en casos en los que el arma estuviera registrada a nombre de un tercero, hubiera sido reportada como extraviada o sustraída por el propietario registral, o se hubiera utilizado en la comisión de un delito. Además, se proponía la sanción por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley que los portadores de armas asumen al adquirirlas y obtener sus permisos.

La mala redacción de la propuesta por parte del Ejecutivo y la imposibilidad del Congreso de enmendar los yerros de la idea original sin violar el principio de conexidad, hecho particularmente delicado en la materia penal, terminaron inclinando la balanza para que las diputaciones decidieran votar negativamente el proyecto.

Por ejemplo, el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso hizo ver a la Comisión que el gobierno redactó la propuesta de tal forma que habría prohibido la tenencia de armas por haber sido elevado a juicio por delitos que ponían en duda la razonabilidad y proporcionalidad, como lo eran los cinco tipos de aborto tipificados en Costa Rica, contagio venéreo, descuido con animales, abandono de incapaces o adultos mayores, omisión de auxilio, usurpación de terrenos o aguas, sabotaje informático o fraude.

Asimismo, alertó Servicios Técnicos, el gobierno pretendía incluir las "contravenciones donde medie la violencia" como causal para que las personas no puedan portar o tener armas, sin embargo, en el país no existe un registro judicial de contravenciones y mucho menos de las contravenciones donde haya mediado violencia, por lo que le resultaría imposible a las autoridades verificar la existencia de las mismas cada vez que alguna persona solicitara el permiso de tenencia y portación de armas.

El informe técnico-legal también cuestionó que la propuesta incluía como causal de descalificación para obtener permiso de portar armas el haber sido elevado a juicio por los delitos establecidos en la Ley 8589 de Penalización de Violencia contra las Mujeres, tales como ofensas a la dignidad, sustracción o daño patrimonial, al señalar que no se trataba de agresiones físicas que hicieran necesario tomar medidas de ese tipo.

Por otro lado el criterio advirtió que el gobierno pretendía establecer como causales de impedimento de portar armas aquellas que hubiese establecido por vía reglamento el Ministerio de Seguridad Pública, lo cual constituía una violación al principio de seguridad jurídica y un vicio de constitucionalidad pues delegaba en la arbitrariedad del Ministerio el definir qué y cuándo sería causal de sanción.

Otro aspecto señalado es que la propuesta del Ejecutivo usó la palabra "agente" para referirse a las personas físicas, sin definir qué significa ese concepto y señalando que en la ley esa palabra se refiere únicamente a los agentes del orden público u oficiales de seguridad privada, de modo que implicaría que si una persona no ostentaba esa condición o ese trabajo, no sería penada por las faltas que se pretendían establecer.

Votaron por archivar el proyecto Dinorah Barquero Barquero, Gilberth Jiménez Siles, Alejandra Larios Trejos del PLN; Gloria Navas Montero de NR, Gilberto Campos Cruz del PLP, Alejandro Pacheco Castro del PUSC y Priscilla Vindas Salazar del FA. Por el contrario, votaron a favor los oficialistas Alexander Barrantes Chacón y Jorge Rojas López.