En Guatemala el traspaso del gobierno de acuerdo con la voluntad libremente expresada de los ciudadanos está en grave peligro

La democracia es frágil. Siempre está en peligro y establecerla donde no existe, perfeccionarla donde es incipiente y protegerla en sus estadios más avanzados es una tarea permanente de sus ciudadanos y de la sociedad civil con sus múltiples organizaciones.

Esta tarea es hoy aún más importante porque la democracia está sometida a un grave ataque en occidente, con mayor intensidad en América Latina y especialmente en nuestra subregión. Una amenaza que ya no es solo de la posibilidad de golpes militares, sino que cada vez más proviene de gobiernos establecidos, muchas veces electos con el voto popular.

Esta amenaza se produce tanto impidiendo la celebración de elecciones libres y justas como subvirtiendo el estado de derecho.

En el primer caso se impide la libre operación de los órganos electorales, o se les captura por el gobierno y su partido; se imposibilita la difusión de las ideas de los opositores; se utilizan ilegítimamente los poderes del gobierno para coaccionar a sus ciudadanos con la fuerza directa de las autoridades, o recurriendo a grupos paralelos de fuerzas armadas que actúan al margen del estado; se pervierte la acción acusatoria y judicial para impedir el respeto a resultados electorales o la acción política legítima de los opositores; se prohíbe la participación de candidaturas con posibilidades de triunfo y que significarían una pérdida del poder de los grupos dominantes. Así por ejemplo ha ocurrido en Nicaragua, Venezuela, Bolivia. En Cuba el procedimiento es más radical: solo se permite la existencia del partido comunista.

En el segundo caso se impide que las instituciones del estado de derecho operen: se limitan arbitrariamente el ejercicio de las facultades y competencias de los poderes legislativo y judicial; se conculcan las libertades y derechos políticos; se violan los derechos civiles y patrimoniales.

Desdichadamente en nuestra hermana República Guatemala se han dado groseras violaciones tanto en el campo electoral como en lo relativo al respeto al estado de derecho.

Ya desde el 22 de marzo de este año la OEA manifestó su preocupación por exclusión de candidaturas a la Presidencia de Guatemala, algunas de candidatos de alto perfil y por la extrema judicialización de las decisiones concernientes al proceso electoral en curso.

El 27 de junio de 2023 la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE) que estuvo presente con muy alta conformación en las elecciones de la primera vuelta de esta jornada electoral señaló la alta conflictividad previa e indicó que ella “se derivó de la exclusión de candidaturas y de la incertidumbre en torno a la vigencia de postulaciones impugnadas, que persistió hasta las vísperas de la jornada electoral. La indeterminación en torno a las figuras habilitadas para participar en la contienda generó confusión y malestar, y erosionó la confianza ciudadana en las autoridades electorales y judiciales”.

Pero los resultados fueron claros reflejando la voluntad popular. Esta MOE concluyó:

A las 7:00 del lunes 26 de junio, el portal de resultados del TSE10 presentaba un porcentaje de procesamiento de actas del 97,6%. La candidata presidencial del Partido UNE Sandra Torres y su fórmula vicepresidencial Romeo Guerra, se ubicaron en el primer lugar, con el 15,7% de los votos válidos. En segundo lugar, se ubicaron el candidato del Movimiento Semilla Bernardo Arévalo y la vicepresidenciable Karin Herrera, con el 11,8% de los votos válidos. Dado que ninguno de los binomios presidenciales superó el 50% de la votación válida requerida para la proclamación de ganadores de la contienda, el TSE anunció la realización de una segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto. Los resultados preliminares de la elección presidencial divulgados por el TSE coinciden con la información recopilada por la Misión.”

La MOE que participó en la segunda vuelta:

…felicita al pueblo guatemalteco por su compromiso cívico, que se reflejó en una jornada electoral ejemplar. La Misión saluda a las autoridades electas, al tiempo que reconoce el esfuerzo y el compromiso democrático del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los órganos electorales temporales, quienes llevaron adelante sus funciones con vocación ciudadana y sentido de responsabilidad histórica, en un ambiente de alta tensión política.”

Pero señaló también la Misión de la OEA los serios problemas por “la gravedad de la coyuntura que acompañó al proceso electoral” con actuaciones judiciales contrarias al mismo, con la incertidumbre sobre las candidaturas, con la extrema e improcedente judicialización, con allanamientos del Ministerio Público, “la persecución política a funcionarios públicos y militantes partidarios por parte de entidades del Estado, quebrantando garantías mínimas de los ciudadanos, desconociendo la presunción de inocencia y el debido proceso”.

Entre la primera y la segunda vuelta presidencial se produjeron actuaciones de distintos actores que buscaron desconocer o revertir la oficialización de resultados; suspender la participación del Movimiento Semilla e impedir que se le adjudicaran los cargos que había elegido; intimidar a los órganos electorales, al personal técnico y a simpatizantes del Movimiento Semilla; desinformar y plantar dudas en la población y deslegitimar y erosionar el proceso democrático.

No terminan allí las graves irregularidades.

Con posterioridad a los resultados que determinaron que el candidato del Movimiento Semilla Bernardo Arévalo es el presidente electo de Guatemala habiendo obtenido legítimamente el 58% de los votos tal como lo acredita la autoridad electoral, han continuado las acciones para tratar de impedir que asuma el cargo. Principalmente por parte del Ministerio Público, algunos jueces y magistrados de las Cortes Suprema y Constitucional.

El día después del triunfo de Arévalo un juez estaba tratando de quitar la personería al Movimiento Semilla a instancias del fiscal general. También el fiscal general ha acusado penalmente a los magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) y ha tratado de eliminar su inmunidad. Además, el 12 de setiembre el Ministerio Público allanó el TSE y confiscó las papeletas de las elecciones, que ya han perdido la legitimidad y garantía de su custodia.

Frente a estas graves amenazas a la transferencia legítima del gobierno, nuestra organización política regional SICA, los gobiernos de sus países, y los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil debemos esforzarnos en la defensa de la democracia en Guatemala.

Es necesario ejercer toda la presión diplomática posible directamente y en los organismos internacionales en defensa de que el presidente electo pueda asumir su mandato el próximo 14 de enero tal como lo determina la legislación guatemalteca.

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