Esta semana se aprobó el proyecto de ley 22.421 denomicado "Menstruación y Justicia" cuyo principal objetivo era reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los productos de higiene menstrual, del 13% al 1%, igualándolos a la canasta básica. ¿Por qué razón? El IVA sobre los productos para la gestión menstrual transgrede ampliamente el principio de igualdad, afectando directa y específicamente a las personas que menstrúan.
La existencia del IVA sobre dichos productos es una política tributaria que discrimina a esta población, quienes soportan una mayor carga fiscal por una característica biológica propia, pues son las únicas que compran dichos productos y a su vez las únicas que enfrentan mayores limitaciones de acceso a recursos económicos y menor capacidad de soportar el costo.
En promedio, la menstruación se presenta durante alrededor de 38 años de vida reproductiva, esto se traduce en 2280 días, por lo que se pasarían aproximadamente 6.25 años de nuestras vidas menstruando, si calculamos los productos que usamos y el IVA que pagamos por ellos, eso es cerca de 2 millones de colones adicionales de nuestro bolsillo por un proceso biológico que no elegimos. En síntesis, el proyecto busca justicia tributaria para las personas que menstrúan.
Esto es posible gracias a un esfuerzo de años de personas de distintos grupos que quisiera reconocer. Quisiera iniciar por reconocer a las organizaciones y liderazgos que acompañaron la redacción del expediente, Cíclica y la activista Ana María Rodríguez, así como también a las organizaciones: Acceder, Acción Respeto, Peras del Olmo, Ni una Menos, CR Afro, la Colectiva por el derecho a decidir, Me paso en la UCR, Goles, CR Afro, No binarie y la organización de hombres trans: Siwo Alar, todas ellas involucradas en la revisión del expediente con nuestras asesoras legislativas Alejandra Arburola y Janet Campos. También a las agencias de publicidad PHD y Grupo Garnier, que a inicios de este año vio la necesidad de lanzar una campaña publicitaria para apoyar la aprobación del proyecto y eligieron acompañarse de la organización Nosotras Women Connecting para dicha misión, la cual desempeñaron con entrega durante los últimos 10 meses.
Por supuesto se debe reconocer también la labor de las diputaciones de la legislatura pasada quienes decidieron dictaminar en comisión la iniciativa respaldada por nuestra fracción PAC, a la actual legislatura que muy atenidamente entendieron la relevancia de esta lucha y la aprobaron, con un liderazgo destacado de Melina Ajoy, Luz Mary Alpízar, Rocío Alfaro y Monserrat Ruiz, entre otras. Ningún avance en los derechos de las mujeres ha sido posible sin un esfuerzo enorme de muchas de nosotras desde distintos espacios, cada una respetando el aporte de los sectores y este proyecto no ha sido la excepción.
En la diversidad esta la riqueza de ideas, de ahí que esta legislatura le adicionó elementos muy importantes al texto original como son los derechos de las personas que menstrúan, la obligación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de generar estadística en materia higiene y pobreza menstrual, elemento que nos permitirá documentar mejor la toma de decisiones en el futuro y la mejora en la accesibilidad de productos de salud e higiene menstrual que suma al objetivo principal de hacer visibles los desafíos que experimentan las personas menstruantes.
Este sin duda alguna es un gran avance en un camino largo, que pasa por hacer visibles nuestros procesos biológicos, culturales y como esto, conecta directamente con nuestras necesidades económicas. Las mujeres y personas que menstrúan, sus condiciones y requerimientos deben estar presentes en la agenda, este es el primer paso. No hacerlo, incrementa la violencia estructural que vivimos; un ejemplo de esto son los impuestos que pagamos en productos de higiene menstrual durante décadas atrás que suman millones por cada una de nosotras, sin que nadie lo notara, convirtiéndose en un elemento que claramente empobrecedor. Así que este es solo el primer paso, el debate debe ser continuo.
Aún quedan pendientes para alcanzar la justicia menstrual
Si bien la aprobación de este expediente es un avance en materia de salud sexual y reproductiva. Las organizaciones han señalado los pendientes, por ejemplo:
- Hay un uso de lenguaje excluyente, hubo un retroceso en cuanto el uso del lenguaje, la actual legislatura cambio “persona que menstrúa” por “mujeres con capacidad de menstruar”, pero no todas las mujeres menstrúan, ni todas las personas que menstrúan son mujeres. Las niñas, mujeres adultas mayores, mujeres con enfermedades, hombres trans y personas no binarias, quedan excluidas de la aplicación de la iniciativa por el uso de lenguaje.
- Sobre la eliminación del IVA, la aspiración debe ser no depender de los criterios de los gobiernos de turno sobre que producto están o no en la Canasta Básica en relación con este tema. La norma dictaminada establecía un mínimo de productos que tenían la reducción del IVA con la posibilidad de ampliar, en la norma actual no existe ese mínimo y será el Ministerio de Salud quien defina.
- ncorpora un enfoque interseccional donde se incluyan las necesidades de más personas, por ejemplo, las personas con discapacidad física que menstrúan y tienen condiciones completamente distintas, es necesario que se amplíe la protección para estas.
- Continuar con la discusión de la tasa rosa, los productos de higiene menstrual no son los únicos que tienen impuestos injustos, también existe una gran variedad de productos que solo por ser rosa o por ir dirigidos a ciertas poblaciones son más caros o están tasados sin contemplaciones de género.
Como señalé al inicio, este avance lo logramos todas y juntas repetiremos en nuestros espacios de incidencia: “Justicia menstrual es justicia social”.
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