Una adecuada dotación de nuevas infraestructuras —así como la conservación y mejora de las existentes— desata siempre una espiral ascendente de beneficios para el desarrollo de los países, su productividad, crecimiento y competitividad, generando un mayor bienestar social y mejor calidad de vida de la población.
Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es necesario proporcionar infraestructuras que permitan un mejor acceso y más equitativo a servicios como al agua y al saneamiento, los alimentos, la asistencia sanitaria, la educación, la energía, las carreteras, los ferrocarriles, los puentes y a la gestión de residuos, entre otros.
Pero estas infraestructuras tienen un alto coste. En términos generales, los países de América Latina y el Caribe presentan importantes rezagos en materia de inversiones, un déficit valorado en cientos de miles de millones de dólares, mientras los estados apenas pueden cubrir entre 10 y 20% de esas necesidades.
En este contexto, no cabe la menor duda que la participación de diferentes actores en el financiamiento y desarrollo de actividades en sectores de infraestructuras y servicios públicos es necesaria. Las alianzas público-privadas (APP), que exige el ODS 17, son una forma de cerrar la brecha de financiación. Sin embargo, es necesario asegurar que este tipo de alianzas promuevan los ODS y pongan a las personas en el centro de las obras con participación privada y ciudadana para no dejar a nadie atrás.
Lamentablemente en buena parte de los países de la región se vienen repitiendo errores similares, que impiden que las inversiones necesarias tengan lugar con la eficacia y eficiencia esperable. Las fallas son atribuibles a diferentes factores y, en ciertos casos, a la “tormenta perfecta” originada por la acumulación de varios de ellos: planificación inadecuada, fallas en procesos de estructuración de los proyectos, desconocimiento de las expectativas básicas de stakeholders públicos y privados en ciertos proyectos (empresas constructoras, financiadores, usuarios, comunidades afectadas por los proyectos, sector político, etc.), por falta de procedimientos de coordinación interinstitucional claros y ágiles en los casos en que deben intervenir diferentes instituciones públicas en procesos aprobatorios y/o actuaciones de control, y deficiencias en el marco legal e institucional aplicable en esos casos.
Como puede verse, la gestión de la participación de las diferentes partes, termina por ser un eje esencial en procesos donde intervienen actores públicos y privados; cada uno de ellos, con sus respectivos objetivos y a través de distintos mecanismos o posibles acciones.
Cada proyecto y cada país presenta sus particularidades; pero en el trasfondo se observan similitudes: comunidades que reclaman acceso a infraestructuras básicas y servicios provistos con eficacia y eficiencia; crecimiento y desarrollo económico con equidad, demanda por la realización de inversiones y generación de oportunidades en regiones o áreas menos favorecidas; trabajadores que defienden sus empleos y plantean la generación de nuevos puestos de trabajo; empresas que demandan mejora de condiciones para su competitividad; comunidades y grupos que reclaman por el cuidado ambiental en el diseño e implementación de los proyectos.
Pese a ello, los usuarios son en general la parte “débil” en ese marco de relaciones multi-partes; y para proteger sus derechos y expectativas, juegan un rol esencial los entes reguladores, cuando éstos actúan como agencias verdaderamente independientes, arbitrando posiciones en las relaciones.
Bajo la visión de UNOPS, el usuario es efectivamente la figura central de este escenario de relaciones, y por tanto debería intervenir también en instancias como la planificación del desarrollo de proyectos e inversiones en su área, la estructuración de proyectos, los términos y condiciones previstos para su ejecución o desarrollo, organización y funcionamiento, además del control de cumplimiento de obligaciones asumidas por las demás partes del sistema.
Para asegurar que el usuario esté en el centro del sistema, es crítica no sólo la actuación del Regulador, sino también de otras entidades públicas competentes que deberán actuar conjuntamente a través de un claro marco de coordinación interinstitucional. Por esta razón, celebramos el sano debate que sobre este tema ha organizado la ARESEP en su reciente Congreso internacional de Regulación, Servicios Públicos, Participación e Innovación.