Loterías ilegales ya superan en ingresos a los juegos de la JPS.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; el ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero y la presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton González lamentaron este miércoles el archivo del proyecto de ley para sancionar las loterías ilegales en Costa Rica.

Se trata del expediente 21.632 planteado por el diputado Gustavo Viales Villegas de Liberación Nacional y Carolina Hidalgo Herrera de Acción Ciudadana durante el periodo constitucional anterior, y que se fue al archivo debido a que el Plenario legislativo rechazó el 2 de octubre una moción de prórroga de plazo cuatrienal.

La moción fue rechazada con 29 votos a favor, provenientes de Liberación Nacional, Liberal Progresista, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana; mientras que a favor (16 votos) provinieron del oficialismo, Nueva República y la diputada socialcristiana María Marta Carballo.

El proyecto de ley había sido dictaminado afirmativamente por las diputaciones del PLN, NR, PAC e independientes en el periodo anterior; mientras que un diputado de Nueva República suscribió un dictamen negativo de minoría que recomendaba su archivo.

El ministro de Seguridad lamentó el archivo del proyecto de ley señalando que muchos juegos ilegales son manejados por el crimen organizado y adelantó que en su visita a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de este jueves pedirá que la iniciativa sea "nuevamente reactivada". El presidente de la República agregó que esos juegos ilegales son aprovechados para lavado de dinero del crimen organizado y afirmó que Zamora tenía una importante labor este jueves con la comisión porque si se les quitaba la plata, "se les quita el negocio". 

Por su parte la presidenta de la JPS destacó que los juegos legales de la JPS tienen una labor social y generan al año 30.000 millones de colones en beneficios.

La Junta tiene que seguir siendo fortalecida, ahora el ministro de Seguridad nos hablaba del proyecto que se archivó, que precisamente le roba más de 300 mil millones de colones a la JPS, al bien social. Es el 53% del mercado de juegos, al año.

Chaves reaccionó ante ese dato señalando que los juegos ilegales han superado a la JPS en ingresos, y dijo que "hay 300 mil millones de razones para que algunos estén contentos". El mandatario puso el dato en perspectiva, además, indicando que eso es "casi la mitad del FEES".

Según el texto avalado por la mayoría durante el anterior Congreso se prohibía y sancionaba cualquier actividad relacionada con la venta, distribución o comercialización de juegos de azar y loterías no autorizados por la Junta de Protección Social.

Dentro de las potestades que daba al Gobierno este proyecto se encontraba realizar monitoreo a las actividades de venta ilegal de esos juegos, así como facultar a pedir a una autoridad judicial el bloqueo de sitios web, flujos financieros y prohibición de comunicaciones comerciales, patrocinio y publicidad de loterías y juegos de azar no autorizados.

Entre las sanciones dispuestas se encontraba una en la que se autorizaba a la municipalidad o el concejo municipal de distrito a castigar con multa equivalente de tres salarios base al propietario, administrador o responsable de un establecimiento comercial que cuente con la respectiva licencia bajo su jurisdicción, donde se llevaran a cabo las actividades ilícitas descritas en esa ley.

Adicionalmente el acto ilegal conllevaría una multa penal de 10 a 15 salarios base contra quien realizara venta o comercialización, mediando o no pago por parte del consumidor final, de loterías impresas o electrónicas, así como las apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar ilegales en cualquiera de sus formas.

Asimismo sería reprimido con cárcel de 4 a 8 años quien financiara esas actividades ilegales por cualquier medio, tecnología, avance tecnológico, medio de pago o contrato a través de activos virtuales o proveedores de activos virtuales.

Misma pena se impondría contra quien distribuyera esos juegos por cualquier medio; así como contra quien administrara por cuenta propia o ajena un negocio formal o informal donde se comercializaran dichos juegos.

Finalmente se imponía misma pena de cárcel contra quien facilitara o consintiera, directa o indirectamente, el uso de bienes muebles o inmuebles para la comercialización, venta o distribución de juegos ilegales.

Una pena de 6 meses a 2 años de cárcel iría dirigida contra quien vendiera o proveyera para la comercialización, venta o distribución de loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no autorizados; así como contra quien realizara actividades de promoción, publicidad, apoyo o facilitación para la comercialización, venta o distribución de las mismas.

Como causales agravantes que elevarían la pena de cárcel de 6 a 10 años estarían que la comisión de esos delitos contara con la participación directa o indirecta de un servidor público o persona que ejerza funciones públicas; con la participación de delincuencia organizada; si se perpetraba, facilitaba o procuraba su encubrimiento mediante el empleo de violencia o intimidación; si se involucraba en los hechos imputados una persona menor de edad, una persona con algún tipo de discapacidad, o una persona adulta mayor de acuerdo; o si intervenía en calidad de autor, instigador o cómplice un servidor público o persona que ejerza funciones públicas en el ejercicio de sus funciones

También figuraban como agravantes el poseer, administrar, mantener o utilizar Internet, servidores, computadoras, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares para crear una red interconectada de dispositivos para la comercialización, venta o distribución de juegos ilegales; así como utilizar ondas radiales, televisivas, telefónicas y otros recursos propiedad del Estado para coordinar, administrar, vender, distribuir o comercializar loterías o juegos de azar ilegales.