Caja Costarricense del Seguro Social definió que 19.000 plazas quedaran bajo la rectoría de Mideplán.
El jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 23.974) , que propone excluir de la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público a la Caja Costarricense del Seguro Social.
La Caja fue una de las pocas instituciones que, teniendo la autonomía constitucional para hacerlo, no declaró todos sus puestos como exclusivos y excluyentes, por lo que 19.000 plazas quedaron bajo la rectoría general del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), mientras que 40.000 plazas quedaron bajo la rectoría de la propia Caja en tema de empleo y definición de escalas salariales.
Dato D+: Más de 100 instituciones declararon, en el marco de su autonomía constitucional, todos sus puestos exclusivos y excluyentes, por lo que no están bajo la rectoría de Mideplan. Esas instituciones incluyen al Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República, así como la mayoría de las municipalidades.
A pesar de que la exposición de motivos reconoce que la Caja “es una institución autónoma de grado dos que tiene la potestad constitucional de declarar sus puestos de forma exclusiva y excluyente para la atención de sus competencias que le han sido asignadas constitucionalmente”, señala que todos los puestos de la Caja debieron haber quedado fuera de la rectoría de Mideplán, y no como acordó la Junta Directiva de la Caja.
La exposición de motivos de la iniciativa de ley añade:
La Caja Costarricense de Seguro Social por su grado de autonomía debe de mantener todos sus 596 tipos de puestos actuales y aquellos que llegaran a crearse, que para atender su mandato constitucional deben de pertenecer a una única familia de puestos, que no solo respete su autonomía de cualquier injerencia, sino que mantenga su vinculación a la ejecución de sus labores de una manera exclusiva y excluyente en función de su organización, estructural, funcional y orgánica para la prestación de los servicios asignados constitucionalmente.”
El proyecto de ley propone modificar los artículos 2 y 3 de la Ley Marco de Empleo Público, para que la Caja quede excluida por completo de dicha ley.
Una consecuencia adicional del proyecto, no mencionada por la exposición de motivos, sería que la Caja ya no estaría obligada a implementar el salario global para las nuevas contrataciones en puestos ya declarados como exclusivos y excluyentes de sus funciones, y podría regresar a un sistema de pago de salario base más incentivos.
