Para la Defensoría las listas de espera tienen plazos irrazonables y desproporcionados.
La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detallar de qué manera utilizarán un presupuesto recientemente aprobado de ¢29.705 millones para el 2024, destinados al abordaje de las listas de espera en cirugía, citas con especialistas y procedimientos diagnóstico.
En un oficio firmado por la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, dirigido a la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez , solicitó conocer el monto y porcentaje destinado a las jornadas de producción y a la compra de servicios.
En un comunicado a la prensa, el ente defensor indicó que le es de suma importancia conocer cuántos recursos económicos que se destinarán a intervenciones extraordinarias, distintas de las jornadas de producción, así como el desglose, el motivo de la asignación de dinero y los mecanismos de evaluación y la periodicidad del cumplimiento de la ejecución de esos recursos.
La Caja mantiene activas 303 jornadas de producción hospitalaria, según indicó el diario La Nación. La Unidad Técnica de listas de espera, adscrita a la Gerencia Médica, detalló que 22 hospitales y diez áreas de salud de todo el país tienen en curso esas jornadas, que consisten en programar cirugías, exámenes y consultas durante un periodo determinado del año. Generalmente, estas jornadas se hacen después de las 4:00p.m. pero de igual manera se han programado en tiempo ordinario.
La Defensoría también solicitó información sobre la relación presupuestaria existente entre esta aprobación y la Ruta o Plan de Atención Oportuna de las Personas, aprobada por la Junta Directiva en mayo de este año. Además, requirió aportar los estudios de evaluación de la eficacia y eficiencia de las jornadas ordinarias que esa institución haya realizado a la fecha.
Para la Defensoría las listas de espera tienen plazos irrazonables y desproporcionados, los cuales atentan gravemente contra la calidad de vida de las personas usuarias y constituyen una violación flagrante al derecho de salud de las y los habitantes, por lo que es urgente que se tomen acciones tendientes no solo a su reducción, sino a atacar sus causas.