Jerarcas del Poder Judicial aseguran que se requieren 1.712 plazas para la estructura penal.

La Corte Suprema de Justicia acordó este viernes, por unanimidad, solicitar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa una mayor inversión de recursos para combatir la ola de criminalidad que atraviesa el país.

Según señalaron desde el Poder Judicial "la solicitud se fundamenta en estudios técnicos y análisis estadísticos elaborados por la Dirección de Planificación de la institución que toman en consideración, entre otros aspectos, denuncias interpuestas, la cantidad de asuntos ingresados, capturas, diligencias judiciales, número de homicidios por zona".

Durante la sesión, la Corte recibió informes del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López; el fiscal general de la república, Carlo Díaz Sánchez; y el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo,  quienes expusieron la labor realizada para enfrentar la delincuencia, las limitaciones presupuestarias y la necesidad de más recursos para atender la situación que atraviesa el país.

En concreto desde la Corte aseguraron que se requieren 1.712 plazas para la estructura penal de las cuales 1.073 corresponden al OIJ, 235 a juzgados y tribunales, 292 a la Fiscalía y 112 a la Defensa Pública.

El presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, aseguró:

En este momento que atravesamos, tan doloroso y desalentador, debemos maximizar fuerzas y optimizar recursos para frenar la ola de criminalidad, es el momento de invertir, de priorizar, de hacer. La ciudadanía puede contar con el Poder Judicial, estamos presentes, estamos actuando, pero también es cierto que afrontamos limitaciones en recursos que nos complican la tarea en perjuicio de la ciudadanía”.

Proyectos de ley prioritarios

En la sesión de este viernes también se conocieron los proyectos de ley prioritarios, a criterio del Poder Judicial, para contribuir en la lucha contra la delincuencia.

Entre ellos destaca la iniciativa para exonerar al OIJ del pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA), que se tramita bajo el expediente legislativo 23.372, y que fue aprobado en primer debate este jueves, con 5 votos en contra del oficialismo.

Sobre este proyecto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, minimizó el martes anterior el impacto que tendría aseguraron que como solo el 30% de los gastos del OIJ pagan IVA exonerar al organismo de este impuesto representaría una liberación de solo el 3.9%, una cifra que consideró "no le va a resolver el problema ni al OIJ, ni al Ministerio de Justicia ni al Ministerio de Seguridad Pública". Sin embargo, el director del OIJ aseguró que con los recursos económicos que liberá esa iniciativa se podría realizar la compra de:

  • 35.000 municiones AR 15.
  • 250 esposas.
  • 283 cascos balísticos
  • 35 escudos.
  • 24 vehículos.
  • 100 fusiles AR 15.
  • 585 chalecos antibalas.
  • 14 drones.
  • 2 licencia de software.

Desde el Poder Judicial también señalaron el avance de tres proyectos que consideran iniciativas clave para afrontar la creciente criminalidad:

  • Expediente 22.836: Reforma al Código Procesal Penal, Ley N° 7594. Aprobado en segundo debate el 7 de setiembre, pendiente publicación en el Diario Oficial.
  • Expediente 22.651: Reforma al artículo 191 del Código Procesal Penal, Ley 7594 del 10 de abril de 1996 y sus reformas, Para Fomentar Eficiencia en el Levantamiento de Cadáveres. Aprobado en primer debate el 5 de octubre.
  • Expediente 23.347: Reforma Artículos 9 y 12 de la Ley Sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, Ley N°7425 del 9 de agosto de 1994. En trámite de comisión.

Otras iniciativas

Desde el Poder Judicial destacaron el avance de proyecto Automatización de los procesos judiciales y análisis de rezago del judicial, el cual identifica los nudos y cuellos de botella en los diferentes despachos judiciales por medio de un trabajo articulado con representantes del Colegio de Abogados y Abogadas, ingenieros industriales, abogados litigantes y la academia.

Tal iniciativa se desarrolla desde hace año y medio, y en el próximo mes se iniciarán los talleres correspondientes a la jurisdicción penal, específicamente a la etapa preparatoria; su finalidad es determinar las mejoras necesarias, ya sea administrativas, estructurales o legales, que se requieren para optimizar procesos y potenciar la eficacia.

Asimismo, se informó que los equipos técnicos de la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General y la Defensa Pública, con el apoyo de jueces de ejecución de la pena, elaboraron un borrador de proyecto de ley de ejecución de la pena, el cual será entregado a la Presidencia de la Asamblea Legislativa el próximo lunes 16 de octubre del 2023, en ocasión de la reunión de seguimiento de acuerdos y compromisos asumidos en marzo pasado.