El proyecto fue presentado por el diputado Antonio Ortega Gutiérrez.
El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez, con la firma de respaldo de toda su bancada y de diputaciones de tres fracciones, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 23.928) que busca que organizaciones que silencien u oculten delitos sexuales de sus integrantes deban hacerse responsables.
Por medio de la adición de un inciso 6 al artículo 106 del Código Penal, proponen que las organizaciones y asociaciones comunitarias, deportivas, religiosas y sociales, así como las personas jurídicas, tengan la responsabilidad de denunciar delitos que sucedan a lo interno y enfrentarían responsabilidad civil solidaria en caso de ocultar los hechos.
Aquellas entidades que sean participes de encubrimiento deberán responder con su patrimonio para el pago de daños y prejuicios.
La iniciativa de ley también reforma el artículo 206 del mismo código, de esa manera propone que se establezca la obligación de denunciar a:
"Quienes desempeñen cargos de autoridad y representación en organizaciones que prestan servicios comunitarios, sociales, religiosos o deportivos, que hubieran identificado indicios de delitos sexuales en perjuicio de persona menor de edad o mayor con discapacidad cognoscitiva o volitiva, deberán plantear la denuncia penal de manera inmediata".
El Frente Amplio recordó que durante 2019 el Poder Judicial reportó 7237 personas ofendidas por el delito de abusos sexuales contra menor de edad. Señalaron que el 64% de esos casos se desestiman y un 17% se sobresee. Además agregaron que, de lo que entra a los juzgados y tribunales, el 39% se absuelve o sobresee y más de un 40% se condena.
La propuesta de ley presentada también establece el deber de la Fiscalía de tomar en cuenta los protocolos del PANI y el MEP antes de sobreseer cualquier caso.
Ortega Gutiérrez compartió:
Con este proyecto lo que queremos es cerrar los vacíos legales que hoy permiten la existencia de reductos de impunidad en caso de delitos sexuales, en beneficio de unos grupos particulares”.
El proyecto cuenta con las firmas de las diputadas del Partido Liberación Nacional Montserrat Ruiz, Andrea Álvarez y Rosaura Méndez. Mientras que del Liberal Progresista lo respaldan Kathia Cambronero y Jorge Dengo. Además los oficialistas Manuel Morales y Luz Mary Alpízar también lo suscriben.