Nuestra misión y objetivo es el tema del territorio y es de carácter urgente, pues somos más de diez mil habitantes viviendo en el cantón de Talamanca en Costa Rica sin un territorio propio. Somos un pueblo originario, por tanto, venimos también en representación de los pueblos indígenas. Al respecto hemos hecho solicitudes al Gobierno, logrando tener una conversación con el señor presidente de la república, dado que nuestra situación actual es la siguiente:

Tenemos muchas necesidades, pero también condicionantes que se nos presentan como pueblos indígenas. Es decir, sufrimos discriminación, pero también explotación en temas laborales por parte de las empresas transnacionales Chiquita y Del Monte; nos impiden practicar nuestras culturas desde no permitirnos tener nuestros propios fogones, porque ni siquiera tenemos un hogar propio, ya que vivimos en casas de estas empresas, donde incluso han demolido algunas y han quitado el servicio de luz, afectando a su vez a las y los niños que además estudian en las escuelas de este país.  Aunado a esto, muchos compañeros que habitan dichas casas están desempleados. Hemos tenido problemas con la atención médica en los hospitales y al solicitar seguro por el Estado y seguro familiar. Los compañeros son menospreciados por parte de la empresa. No son respetadas las incapacidades, accidentes laborales, enfermedades laborales ya que la empresa no las reconoce, por eso, muchos han sido despedidos por una incapacidad laboral.

Sin embargo, parece que por ser indígenas no tenemos derechos por reclamar; pero, ¿dónde quedan el Convenio 169 de la OIT sobre temas de los pueblos indígenas o las declaraciones de las Naciones Unidas que Costa Rica adopta y ratifica, las cuales, simultáneamente, obligan al Estado costarricense a proporcionar condiciones de vida buenas y dignas para las personas indígenas? El Estado no está cumpliendo con ello. Es cierto que nos ha escuchado y otorgado la ciudadanía, pero eso no resuelve los demás problemas: dificultades en el acceso a la educación, salud, agua, electricidad, entre otros. En general, no tenemos condiciones dignas de vida ni se nos facilita el disfrute de nuestras formas de vida propias. No podemos ejercer nuestras actividades culturales porque ni siquiera tenemos un lugar para llevarlas a cabo.

Esto no es cuestión de rogar, lo que buscamos es el cumplimiento del Convenio 169, por ende, no pedimos nada que no esté dentro de dicho Convenio, pues la obligación del gobierno es atender nuestro llamado y nuestra solicitud. Entiéndase esto de carácter urgente en tanto estas empresas incluso han dado persecución a las personas indígenas que forman parte del sindicato y no solo se violentan los derechos laborales, sino que, por ser de procedencia brasileña, se basan en las leyes de ese país. Es decir, aplican leyes de Brasil en Costa Rica y como empleados tenemos que adaptarnos y acatar tal imposición, de lo contrario, somos despedidos sin derechos patronales, sin justificación, como se establece en el Código de Trabajo de Costa Rica. En otras palabras, pueblos indígenas costarricenses acatando leyes brasileñas.

¿Cómo es posible que el Estado costarricense permite que una empresa transnacional venga a explotar y establecer una ley burocrática de otro país a nuestro territorio?

Estas empresas no nos consideran pueblos indígenas, sino panameños-extranjeros, nos invisibilizan y no nos dan reconocimiento. Queremos que nos vean tal como somos, no somos extranjeros, no tenemos fronteras, somos un pueblo indígena, un pueblo originario que existió y existe desde antes de la creación de la frontera en Costa Rica. No hace falta que el Estado costarricense nos vea con tristeza o con una cara de mendigo, si no que nos vean como personas ciudadanas de Costa Rica, aunque actualmente solo hay 588 personas indígenas Ngäbes de Sixaola con cédula nacional. A nosotros los indígenas nos gustan que nos vean como indígenas y que nos traten y atiendan acorde con nuestra cultura, que se nos respete las medicinas tradicionales, las casas religiosas de los pueblos Ngäbes. Pero, en cambio, somos violentados por las empresas transnacionales. No queremos que una futura generación nuestra pase por esto, queremos que progrese, que tenga una educación eficaz, en una sociedad verdaderamente democrática, pues nosotros vivimos en un Estado y en un lugar donde la empresa transnacional se considera dueña de la tierra. Eso se ve reflejado cuando los trabajadores siembran una planta por necesidad y para uso personal, la empresa los manda a cortar.

La mano de obra que tiene la empresa brasileña y Del Monte es indígena, pese a esto cuando se hace mención del Convenio 169 estas empresas aluden a que el marco jurídico y normativo que les rige no existe tal convenio. Por esto solicitamos que se haga un llamado a un consenso y a una mesa de diálogo a ambas empresas para que se comuniquen con nosotros los pueblos indígenas que realmente nos encontramos explotados por ellos en Sixaola.

Es triste cuando una empresa transnacional viene a suplir, supuestamente, la necesidad de la nación, cuando en realidad viene a explotar. No debería existir ese tipo de burocracia en un país democrático y pluricultural, donde su Estado adopta una ley que tiene que respetar. Lo absurdo es que estas empresas contratan a los mismos costarricenses, mismos que desconocen nuestras tradiciones indígenas. Nosotros como pueblos indígenas estamos haciendo un llamado a las personas funcionarias, abogadas, que realmente conozcan el tema de pueblos indígenas, el apoyo para resolver nuestras necesidades pronto y que tengamos una pronta respuesta.

* Articulo basado en la participación en Foro sobre la realidad de la comunidad indígena Ngäbes de Sixaola, Facultad de Derecho, 28-3-23, realizado con apoyo de los proyectos Pueblos Originarios y Universidades (ED-3622) y Geografía y Diálogo de Saberes (ED-3526).           

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