Todos coincidimos en que es urgente que el país de una vez por todas ponga manos a la obra para solucionar el problema de las pensiones, de manera que se garantice a nuestra población el pago de estas, especialmente para ese 40% de adultos mayores que hoy no pueden acceder a este derecho universal.
También es imprescindible que, a través de una pensión digna, se contribuya a reducir ese doloroso 27% de pobreza en nuestra población adulta mayor. Sin embargo, lapidando al Sistema Nacional de Pensiones no se contribuye a este deber.
Existe una serie de proyectos de ley que, bajo el espejismo de traer una solución a esta problemática, y con la noble intención de buscar la equidad y universalizar el acceso a una pensión, más bien nos pone a todos en peligro, quitando recursos a los regímenes de pensiones que ya de por sí enfrentan grandes y complejas dificultades, para crear fondos de pensiones ¨nuevos¨, y otros reduciendo aportes estatales bajo el baluarte de mayor equidad cuando en realidad son una amenaza a serios desequilibrios financieros de los regímenes, socavando así la sostenibilidad como sería el caso del RCC del Magisterio Nacional. Me refiero a los proyectos de ley 23.625 y 23.733 que buscan reformas estructurales al Sistema de Pensiones Costarricense sin la debida discusión con las instituciones y organizaciones sociales y de seguridad social que históricamente han fortalecido el bienestar del ser humano.
¡La cura podría salir peor que la enfermedad! La equiparación de las cuotas estatales en los regímenes básicos suena muy bien de primera entrada, pero ocasionan desbalances financieros. Así lo dejó claro JUPEMA en una audiencia ante los diputados al emitir criterio sobre el proyecto “Mismo patrón, misma cotización”, donde calificamos la iniciativa como fiscalista, que reparte pobreza, afecta la calidad de vida de las personas y no soluciona los problemas que enfrentan algunos regímenes de pensiones de nuestro país.
Este proyecto de ley, el expediente 23.733, genera un perjuicio a la estabilidad del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) y dañaría la calidad de vida de las personas adscritas al régimen. Esta iniciativa que, además, carece de estudios técnicos que le sustenten, atenta contra la sana administración de fondos equilibrados como en este caso, donde sólo en el primer año de aplicación generaría un impacto negativo para el fondo de 153 mil millones de colones, donde más de 106 mil personas afiliadas y sus familias sufrirían sus efectos, pues el fondo del RCC es, hoy por hoy, el único fondo de pensiones básico actuarialmente equilibrado del país.
Y este es tan sólo un ejemplo, porque existen diversas iniciativas de ley que golpean al Sistema Nacional de Pensiones. Existen varios planteamientos para crear un fondo universal para asegurar que todos los costarricenses tengan una pensión y reducir la pobreza en la población adulta mayor, cuando ya existe un régimen no contributivo que, si bien no ha alcanzado a más beneficiarios, ha sido porque el Estado le ha recortado presupuesto. ¡Una contradicción más!
Existen recursos que perfectamente se podrían orientar a fortalecer el IVM, pero los planteamientos pretenden que se dirijan a nuevos fondos. Es decir, se promueven reformas estructurales solapadas, por caminos distintos, cuando lo que se requiere es fortalecer lo que tenemos. El Sistema Nacional de Pensiones ya cuenta con un pilar que se debe fortalecer, el Régimen No Contributivo, para tener una mayor cobertura y suficiencia que permita a las personas, sobre todo adultas mayores en pobreza, tener una vejez digna.
Jupema desde el año pasado ha abogado públicamente por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, lo ha hecho en conjunto con la CCSS y Vida Plena OPC, se planteó una base de discusión nacional en una Hoja de Ruta que contiene propuestas integrales concretas que sirvan de base para la toma de decisiones, no solamente a través de reformas de Ley, sino con compromisos y políticas que emanen del Ejecutivo y de los sectores productivos.
Fortalecer los fondos de pensiones requiere acciones como implementar políticas que incidan en la formalización de trabajadores que hoy no cotizan, ya sean profesionales o de labores no calificadas, requiere de mejorar las opciones para el mercado de valores y visualizar los cambios en la estructura del mercado laboral. Es por ello que se torna fundamental unificar la visión del Sistema Nacional de Pensiones que queremos y necesitamos como país, pero esta visión debe salir de todas las personas y organizaciones que tienen que ver con la seguridad social y laboral del país, no de unos pocos que esculpen el Sistema que creen y buscan imponer mediante mecanismos separados del dialogo y acuerdos nacionales.
El tiempo corre, el diálogo es poco y las consecuencias podrían ser fatales. Es momento de conciliar puntos de vista, ver la realidad del sistema y poner manos a la obra para fortalecer al Sistema Nacional de Pensiones y no dilapidarlo.
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