La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) admitió a estudio por el fondo un recurso de amparo planteado por estudiantes del Liceo de Costa Rica contra el traslado de uno de los terrenos de esa institución al Poder Ejecutivo para construir allí el proyecto 'Ciudad Gobierno'.
En el recurso, tramitado bajo el expediente 23-019814-0007-CO, los magistrados ordenaron a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller; la directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, Lourdes Sáurez Barboza; el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Esteban Amador Jiménez; así como a la presidenta de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, Yesenia Mathiew referirse a los hechos denunciados.
Los magistrados también ordenaron que la cabeza del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) se pronuncie sobre los hechos, sin embargo dicho ministerio se encuentra sin jerarca desde el 4 de julio cuando la ministra Jéssica Martínez Porras y viceministro Roy Jiménez Céspedes renunciaron a sus cargos.
Los estudiantes reclamaron ante la Sala Constitucional que con la Ley 5570 del 30 de agosto de 1974 el Liceo de Costa Rica pasó a ser la poseedora de la finca 45.513 de San José, entonces ocupada por talleres e instalaciones del MOPT; y que el 13 de octubre de 1977 se realizaron escrituras públicas mediante las cuales se traspasaron las fincas 45.482 y 45.485 a nombre del Liceo de Costa Rica, al tiempo que se consignó en la escritura de la finca 45.513 que el centro educativo entraría en posesión de ella conformidad con la Ley 5570.
Pese a ello, el MOPT nunca desalojó el terreno y en su lugar se mantuvo ocupándolo por años sin pagar alquiler el colegio, lo que llevó a que en 2012 la Sala Constitucional le ordenara mediante la sentencia 13.364 que desocupara la finca al considerar que estaba violando el derecho a la educación; pese a ello, el MOPT no salió del terreno y en su lugar suscribió un contrato de pago de canon o alquiler hasta diciembre de 2023 con el Liceo por un monto que asciende hoy a unos 18 millones de colones, destinados a cubrir necesidades del centro educativo.
Pese a que el Liceo es poseedora del terreno en cuestión por mandato de ley, los estudiantes reclamaron que el MEP, el MOPT, el MIVAH y la Junta Administrativa del Liceo firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional el 9 de junio de 2023 en el que se establece que dicha junta "se compromete a colaborar desde la esfera de su competencia y posibilidades con la ejecución del proyecto "Ciudad Gobierno", desarrollando las acciones útiles y necesarias que permitan el traspaso de la finca inscrita bajo matrícula folio real 1-45513-000 a nombre del MEP".
Los estudiantes acusaron que pese a que el convenio señala que el terreno en cuestión no es usado para fines educativos en la actualidad, el motivo de ello es que el MOPT desobedeció la orden de la Sala Constitucional en 2012 de desalojar el terreno y en su lugar procedió a alquilarlo para justificar su ocupación, lo cual constituye una violación al derecho a la educación de los estudiantes del Liceo de Costa Rica.
Asimismo, el acuerdo de traspasar dicho inmueble mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional causaría un perjuicio a toda la población estudiantil del Liceo de Costa Rica por atentar contra las posibilidades de crecimiento educativo, así como de dotar al Liceo de mayor infraestructura para mejorar su calidad. Ese inmueble fue cedido mediante ley, por lo que no podría modificarse por medio de un convenio.
Además, los estudiantes denunciaron que la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica fue nombrada al margen de la Ley Fundamental de Educación, pues no fue fruto de las ternas del Concejo de Profesores, sino un acto administrativo impuesto por el Concejo Municipal de San José.
