Con asombro vimos como la semana pasada el régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua, “confiscaba” (se robaba) uno de los mejores centros de educación superior, la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, que pertenece a los jesuitas y que por más de 60 años ha brindado una educación de calidad.

La mordaza política en este caso tácitamente expresada, por la falsa acusación de la dictadura, de que la UCA promovía el terrorismo, por incentivar desde el pensamiento una sociedad más justa, proteger la vida y defender los procesos transparentes democráticos. La confiscación es un atentado a los derechos humanos y a la libertad de cátedra, suceso que ya se había realizado hace poco con la Universidad Católica Juan Pablo II, en la misma nación.

Recientemente en El Salvador y en nuestro país, los financiamientos para las universidades públicas también se han visto amenazadas. En Costa Rica es deplorable la mendicidad de parte del Conare, para justificar el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y defender cada colón, a un Gobierno que con arrogancia ve con desconfianza a nuestra educación superior, por ser siempre ese ojo examinador y crítico de nuestra vida democrática, los ataques de Casa Presidencial a la formación de las personas estudiantes es vergonzosa.

“El principal reto para América Latina y por la tanto para Centroamérica es contar con docentes efectivos y ambientes de aula que propicien el aprendizaje” según nos indica el quinto Informe Estado de la Región: Docentes en Centroamérica: principales características y desafíos para la calidad, León-Mena (2015). Para gestionar cambios en pro de la educación superior, se requiere invertir en capacitar y elevar el nivel de la enseñanza, la innovación educativa de un país, no puede verse como un gasto sino como una inversión en el mejoramiento del futuro de un país.

Vemos el incremento de partidos políticos de línea populista en Centroamérica, que desconfían de que la juventud viva a plenitud su derecho al pensamiento libre, se quieren asfixiar las ideas, para que las poblaciones obedezcan sin criterio desde la ignorancia, a las intenciones políticas que desean enriquecer a pocos.

Considero que las universidades centroamericanas deben de pronunciarse enérgicamente contra la confiscación de la UCA, no se puede mutilar el pensamiento, ya que puede ser un efecto dominó en la región. En los años 80 en el conflicto armado en El Salvador se asesinó a la comunidad de jesuitas que dirigía la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, su rector, Ignacio Ellacuría, SJ; (también asesinado), decía:

Si se quiere cambiar una estructura social irracional e injusta, es menester conocerla a fondo. No es esta tarea fácil, sino resultado de muchos saberes y de mucho trabajo intelectual” (1985).

Como docente universitario y ciudadano, no puedo ignorar este atropello, basado en calumnias, debemos denunciar desde la academia e insto a todas y todos a velar porque nuestros gobiernos, cumplan con su presupuesto en la educación pública. Tengo la esperanza de que regrese la paz a Nicaragua, que se reviertan esas injustas sanciones y se busquen soluciones por medio del diálogo y la defensa de la libertad de cátedra.

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