Costa Rica podría cerrar el 2023 con 900 homicidios de seguir la tendencia.
Este 15 de agosto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que Costa Rica llegó a 554 homicidios en lo que va de 2023.
Esta cifra superó a la meta de 545 homicidios que pactó el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles en su Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. En ese documento, las autoridades del Ejecutivo señalaron:
“La inseguridad ciudadana sigue siendo una de las principales problemáticas en América Latina y Costa Rica no es la excepción, esto se evidencia, principalmente, en la tasa de homicidios dolosos, criminalidad, delincuencia, violencia doméstica, entre otros hechos que inciden negativamente en la percepción de seguridad de la población”.
Los datos actuales superan en 158 casos a los reportados a la misma fecha del 2022, que hasta este momento es el año con más homicidios en el país.
Limón encabeza la lista de provincias con más muertes por esta causa al registrar 138, 37 más que a estas alturas del año anterior. En detalle, la situación por provincias es la siguiente (en paréntesis la diferencia con el año anterior):
- San José 137 (+66).
- Puntarenas 87 (+24 ).
- Alajuela 64 (-10).
- Guanacaste 60 (+23).
- Cartago 37 (+13).
- Heredia 31 (+5).
De seguir la tendencia, el país cerraría el 2023 con más de 900 asesinatos, según el Director del OIJ, Randall Zúñiga, con proyecciones de la institución. Esto convertiría al presente año como el de más homicidios en la historia nacional.
La meta planteada por la administración Chaves Robles es que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes baje de los dobles dígitos, lo que significaría una reducción para el 2026 de 80 homicidios al año, en comparación con la cifra registrada en 2021.
Al cierre del año anterior, tras ser cuestionado por la histórica cifra, Chaves Robles afirmó que a su Gobierno lo debían medir por lo que sucediera a partir del 1 de enero del 2023. El mandatario justificó que recibió la casa "en ruinas", con un Ministerio de Seguridad sin articulación y sin las condiciones necesarias para atender la situación de violencia.