La Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó abrir un expediente de investigación sobre la cuestionada propuesta de plan regulador costero de la Municipalidad de Talamanca, el cual a su vez está siendo inundado de acciones legales por parte de vecinos y organizaciones ambientales que cuestionan la metodología, procedimiento y criterios técnicos y científicos que supuestamente lo sustentan.
Por unanimidad el foro legislativo aprobó la moción del diputado Ariel Robles Barrantes para que se investigue la propuesta de plan regulador, dado que el mismo "ha generado total oposición de las comunidades y numerosas organizaciones no gubernamentales con el objetivo de salvaguardar el recurso hídrico en el lugar, evitar la densidad de construcción en áreas de alta fragilidad ambiental, entre otras posibles afectaciones al medio ambiente".
"La Municipalidad de Talamanca publicó un Plan Regulador Costero, que, de acuerdo a su propuesta, podría permitir el cambio de uso de suelo en los sectores boscosos, colocando en riesgo inminente la biodiversidad del lugar", señaló el diputado Robles.
Aunque la bancada de Liberación Nacional planteó que el tema se estudiara en la Comisión Especial de Limón, Robles insistió que el tema debía verse en la Comisión de Ambiente pues era allí donde correspondía. Tras una discusión, los seis congresistas presentes votaron a favor: Gilbert Jiménez Siles, Oscar Izquierdo Sandí y Katherine Moreira Brown del PLN; Kattia Cambronero Aguiluz del PLP, Manuel Morales Díaz del oficialismo y Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio.
Mientras tanto, movimientos de vecinos, organizacionales ambientales y de personas indígenas del Caribe Sur han entablado una serie de acciones legales en contra del plan regulador.
Actualmente la Sala Constitucional tiene bajo estudio seis recursos donde se cuestiona el plan regulador costero: un amparo sobre la afectación a los humedales (expediente 23-014549-0007-CO), otro sobre los mapas del Territorio Indígena Kéköldi (expediente 23-016184-0007-CO), otro sobre solicitud de información y suspensión de audiencia pública (expediente 23-016185-0007-CO), otro sobre la falta de consulta al territorio Kéköldi–Cocles (expediente 23-016445-0007-CO), un amparo de 40 vecinos de Cahuita denunciando irregularidades dentro del proceso participativo y una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 9 inciso 1, artículo 17 inciso 2 y el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana.
A eso se suman las objeciones y observaciones formuladas ante la Municipalidad en contra del plan regulador, dentro de lo que destaca el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019 ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y el "notorio tráfico de influencias" que ha impactado el proceso.
Asimismo los opositores al plan formularon recursos de nulidad ante la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) que, aunque fueron rechazados esta semana, adelantaron que presentarán una apelación para agotar la vía administrativa, de previo a entablar un proceso judicial.
Breves
— El Plenario legislativo sesionó este jueves para conmemorar el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.
— Este viernes se presentará el proyecto de Presupuesto Nacional 2024 del Gobierno Central.
— El diputado Gilbert Jiménez Siles del PLN presentó un proyecto de ley para excluir los aumentos salariales de los oficiales de policía del congelamiento producto de los efectos de la regla fiscal impuesta con el plan fiscal de 2018.
