La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) llevó a cabo esta mañana 12 allanamientos en casas de habitación en Alajuela y en la sede central del Instituto Nacional de Seguros (INS), durante los cuales procedió al arresto de siete individuos bajo sospecha de cometer el delito de peculado.
Los detenidos, identificados por los apellidos Salazar Rodríguez, Pacheco Rodríguez, Solano García, Araya Salas, Chaves Alvarado, Alvarado Lizano y Jiménez Herrera, se encuentran actualmente bajo la custodia de la FAPTA, donde se les tomará declaración indagatoria y se evaluará la solicitud de medidas cautelares correspondientes.
Según la investigación llevada a cabo, estos individuos presuntamente cometieron los actos ilícitos mientras ocupaban cargos en los puntos de venta del INS ubicados en Sarchí, Grecia y Palmares.
De acuerdo con el Ministerio Público, se sospecha que los implicados se aprovecharon de sus posiciones y manipularon el sistema informático de Riesgos de Trabajo del INS para introducir información falsa sobre incapacidades temporales que en realidad nunca existieron.
Luego, sin el conocimiento ni consentimiento de las personas aseguradas, los imputados gestionaban el reemplazo de tarjetas de débito prepago, que estaban registradas a nombre de estas en el régimen de Riesgos del Trabajo, justificando esos cambios con argumentos falsos como extravío, robo, retención, entre otros.
Una vez en posesión de las tarjetas, aparentemente acreditaban pagos por las incapacidades ficticias y, acto seguido, se apoderaban del dinero que debían administrar debido a sus responsabilidades laborales.
En un comunicado de prensa posterior, el INS afirmó que producto de una investigación preliminar interna, la Institución detectó una serie de comportamientos en apariencia irregulares, situación que originó un abordaje inmediato y trabajo en conjunto con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con la finalidad de esclarecer los hechos.
De conformidad con la Ley de Control Interno en su artículo 6, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública en su numeral 8 y el artículo 295 del Código Procesal Penal, por imperativo legal, en este momento no se pueden brindar mayores detalles sobre el supuesto de hecho bajo investigación, tanto desde la perspectiva administrativa como penal, motivo por el cual se agradece la comprensión del caso.
El caso se investiga bajo el expediente 23-000049-1218-PE.
