La Procuraduría General de la República (PGR), en su rol de Abogado del Estado, pidió que los altos funcionarios públicos denunciados por las inversiones riesgosas del Ministerio de Hacienda en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) durante el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera, sean condenados a pagar al menos 50 millones de colones.

Según informó la PGR a este medio, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) participa en el proceso penal que se tramita bajo el expediente 20-000115-1218-PE, reclamando el daño social presuntamente ocasionado por las personas imputadas.

Este daño, de manera prudencial, se fijó en la suma de 50 millones de colones y será cuantificado en definitiva, una vez que se presente el estudio del perito actuarial matemático que determine la afectación a la colectividad que ocasionó la conducta delictiva que se acusa. A la fecha no se ha otorgado la audiencia para concretar las pretensiones, por lo que el monto establecido tiene el carácter de prudencial, tal y como se indica en la Acción Civil Resarcitoria. Esta puede ser modificada una vez que se cuente con el citado Informe Pericial.

Este jueves el Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó al expresidente de la República en el período 2014-2018, Luis Guillermo Solís Rivera, y a cuatro miembros de su Gobierno, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.

De acuerdo con la Fiscalía, la acusación se presentó el viernes pasado ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública en contra de Solís Rivera; del exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas; del exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas; de la exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional, Martha Cubillo Jiménez y del subtesorero nacional, Mauricio Arroyo Rivera.

Los delitos acusados son los de influencia en contra de la Hacienda Pública y al interés público, mientras que contra Arroyo Rivera la Fiscalía lo acusó también de seis delitos de falsedad ideológica en concurso material.

El proceso judicial inició luego de la interposición de una denuncia por parte de la Contraloría General de la República (CGR) en julio de 2020 por las inversiones hechas por el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera con recursos de la Tesorería Nacional en el extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), a las que aparentemente los imputados intentaron dar apariencia de legalidad, a sabiendas de una muy baja posibilidad de retorno.

Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada.

La Contraloría denunció ante el Ministerio Público que el Gobierno realizó inversiones de corto plazo en Bancrédito, las cuales terminaron afectando el flujo de caja del Presupuesto Nacional 2018 y poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios por parte del Ministerio de Hacienda, además de aumentar el déficit fiscal de ese año.

El Gobierno invirtió 118 mil millones en Bancrédito para ayudarle ante la falta de recursos, sin embargo, pasados los nueve meses para recuperar la inversión, el Banco no pagó porque su situación financiera empeoró y fue intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Hacienda recuperó 135 mil millones del principal e intereses hasta que el Congreso aprobó la absorción de Bancrédito por parte del Banco de Costa Rica (BCR).

En una publicación en su perfil de Facebook, el expresidente Solís Rivera indicó que se encontraba sorprendido de la decisión del Ministerio Público, pero que la recibe con tranquilidad.

Durante toda mi administración y desde su término, hemos facilitado todas las investigaciones que varias autoridades, no sólo la Fiscalía, han realizado. Ahora procede continuar con el proceso ante los tribunales de justicia.

Agregó que rechaza los cargos que se le imputan y aseguró que en su gobierno siempre actuaron "apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores".

Demostraremos que, gracias a nuestra actuación, logramos un cierre ordenado del banco que evitó una afectación completa del sistema financiero nacional. Como ex presidente de la República y ciudadano respetuoso de la institucionalidad y de las garantías propias del Estado de Derecho, acudiré a tribunales a demostrar la legalidad de todas nuestras actuaciones y no dudo que la justicia prevalecerá por encima de cualquier otro interés".