Costa Rica lideró, a nivel global, el índice del 2022 de desempeño de atracción de proyectos nuevos de inversión extranjera de acuerdo con fDi Intelligence. El puntaje de Costa Rica alcanzó 12,7, lo que significa que, dado el tamaño de su economía, el país atrajo 12,7 veces más nuevos proyectos que el tamaño que su PIB podría sugerir.
Sin embargo, este éxito actual podría ser opacado por la crisis de seguridad que vive el país. Los registros delictivos son preocupantes, sin importar las relativizaciones. El país registró 657 homicidios en 2022, para una tasa de 12,7 por cada 100.000 habitantes: la más alta de la historia. Las principales consecuencias de esta crisis se cuentan en términos sociales y de vidas, pero también hay consecuencias en materia económica. La inestabilidad en términos de seguridad se traduce en pérdidas y gastos para productores y negocios locales. Además, a largo plazo, daña la imagen de un país que en gran medida depende del turismo de extranjeros no residentes y de la inversión extranjera directa.
El gráfico muestra la evolución de más de tres décadas de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Colombia y Costa Rica. Las realidades de estos dos países son diferentes, pero es evidente que con las políticas públicas correctas se pueden disminuir estos homicidios. Colombia redujo esta tasa a un tercio desde inicios de los 90, en cambio Costa Rica la ha incrementado 3 veces en igual período de tiempo.
En Costa Rica, según un análisis del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, la pobreza y la escasez de oportunidades de empleo han sido factores determinantes en los cantones del país que sufrieron un incremento sostenido en la tasa de homicidios de la última década. Para la UNA, las personas que se insertan en esta dinámica del tráfico de drogas no son las más pobres del país, sino las provenientes de las condiciones más desiguales en el acceso a la educación y al trabajo.
Si se habla de la falta de oportunidades en educación y trabajo, es porque el Estado ha dejado de estar presente en la creación de condiciones dignas para toda la población, haciendo más grande la brecha entre quienes acceden a educación de calidad, a trabajos de calidad y a una vida de calidad. La educación y el trabajo están territorializados, así como las zonas desiguales, que coinciden con la mayor falta de trabajo e inversiones privadas en el mismo trabajo y en la educación.
Un estudio reciente de la UCR y de la Universidad LEAD dice que la probabilidad de tener una educación de calidad en Costa Rica ronda el 53% (e.g., la calidad se mide por ejemplo usando los resultados de las pruebas PISA). Si el gasto público en educación de Costa Rica se transformara inmediatamente a 100% de calidad en un año en particular, el país aumentaría automáticamente su gasto en educación de calidad en un 3,05% como porcentaje del PIB. Esto se traduciría en un crecimiento adicional de casi 0,6 puntos porcentuales cinco años después. Por su parte, el coeficiente de Gini caería alrededor de 8,1 puntos; pasaría de 48 a 39,9, lo que significa que la brecha entre el coeficiente de Gini de Costa Rica y el Gini de los países con menor desigualdad de la OCDE se reduciría en casi un 48% en sólo cinco años. Entre las recomendaciones de política para mejorar la calidad de la educación se destaca aumentar la tasa de logro en la educación primaria y secundaria para igualarlas a la de los países desarrollados. Este impulso a la educación de calidad incrementaría el crecimiento económico, atacaría el problema de la desigualdad y ayudaría a disminuir los índices delictivos del país.
La solución de largo plazo de nuestra crisis de seguridad no pasa por llenar de policías las calles de Costa Rica, sino en mejorar sustancialmente la creación de oportunidades de educación de calidad y de trabajo para la población más vulnerable del país.
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