La crisis de salud generada por la COVID-19 potenció la colaboración entre empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de forma exponencial y sin precedentes, tanto en Costa Rica como a nivel mundial. La confianza, que es tan necesaria para impulsar la colaboración entre organizaciones de diferentes sectores, se intensificó ante la necesidad de hacer frente a una amenaza que puso en jaque al mundo.
Se impulsaron importantes esfuerzos multisectoriales para conservar los empleos y la sostenibilidad del sector productivo, principalmente las micro y pequeña empresa. Pero, también vimos como los paises colaboraron mucho entre sí, y empresas de la competencia se aliaron en el sector de telecomunicaciones y farmacéuticas para desarrollar proyectos que ayudaran a combatir el virus. Algunas de estas alianzas empresariales eran imposibles de vislumbrar antes de la pandemia.
Son muchos los indicadores de desarrollo y situaciones que los ciudadanos vivimos a diario, en algunos servicios clave, en el que parece que el país no solo no avanza, sino que retrocede. Hacer frente a los graves desafíos que enfrenta el país en temas como la inseguridad ciudadana y la delincuencia, el costo de vida, el desempleo o la corrupción, que son las cuatro principales preocupaciones para los costarricenses según la más reciente encuesta del CIEP-UCR, va requerir un esfuerzo articulado y comprometido de todos los actores sociales.
En la compleja situación fiscal que enfrenta Costa Rica, con presupuestos nacionales cada vez más restrictivos, parece prioritario impulsar más cooperación entre sectores y desarrollar nuevos modelos de gestión para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos de calidad. En este sentido, impulsar nuevos y diferentes tipos de colaboración multisectorial será imprescindible. No hay duda que el marco regulatorio actual no da cabida a la amplia gama de esquemas de cooperación que podrían impulsarse en el país. Muchos proyectos innovadores y de gran impacto impulsados en las últimas décadas para contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, no se han podido desarrollar o han quedado en proyectos piloto con excelentes resultados en temas como la educación, empleabilidad, salud y conservación de áreas protegidas, pero sin la escala que necesita el país para su desarrollo sostenible.
No es posible que Costa Rica pueda lograr su mayor potencial de desarrollo, sino facilita más esquemas de colaboración entre empresas, instituciones públicas, la academia y organizaciones de la sociedad civil, que complementen recursos y capacidades para generar soluciones innovadoras a los complejos retos que enfrenta nuestra patria. Así lo hicieron en su momento —y no han dejado de hacerlo— los países más desarrollados del mundo. La inclursión de Costa Rica en la OECD, debería servirnos para identificar las mejores prácticas internacionales en el campo y replicarlas aquí.
En este sentido, la tan necesaria reforma del Estado debería contribuir de forma decidida a crear nuevos modelos de gestión multisectorial que fomenten innovación, eficiencia y acceso a recursos frescos para generar el mayor bienestar posible a todos los habitantes del país, y en particular a la población más vulnerable.