El rumbo de la educación en Costa Rica es alarmante y está atravesando una serie de crisis que van, desde un rezago educativo por la pandemia, hasta recortes en los presupuestos asignados.
Parece que el enfoque actual es hacer la brecha educativa y socio económica más grande. Las decisiones y posturas gubernamentales alrededor del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Fundación Omar Dengo, y más recientemente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no hace otra que evidenciar que la educación no es y no será prioridad para Rodrigo Chaves y su equipo de trabajo. El desinterés demostrado por el gobierno de turno es indiscutible.
De momento la educación es la mejor herramienta con la que cuentan los y las costarricenses para salir adelante. No obstante, el modelo está roto, y es que, el mismo gobierno removió el puente que existía entre la empleabilidad y educación con la ruptura con Cinde.
Por más cuestionada que sea la relación que existía entre Cinde y el sistema educativo, no se visibilizan otras alternativas para el futuro. Las métricas de las universidades y de la educación en Costa Rica sin lugar a duda son la empleabilidad.
Recientemente el modelo ha transformado la educación en una máquina de creación de empleados o bien, desarrollo de capital humano. El rezago en el debate público e interés en alternativas de modelos de trabajo diferentes como el emprendedurismo, sindicatos, cooperativas, modelos horizontales, artísticos, investigativos, entre otros no es una prioridad, no es un tema del momento, por lo cual el panorama resulta incierto y alarmante.
Esto es preocupante porque el principal predictor del éxito académico es el promedio del ingreso familiar, y en una economía como la costarricense la educación debe ser un derecho y no un servicio comprado. La educación debe ser solidaria, equitativa y de calidad para los y las costarricenses.
Actualmente son muchas las generaciones víctimas de falta de oportunidades y de un modelo obsoleto golpeado por el gobierno de turno. La dicotomía que existe de querer democratizar el derecho a la educación pública por intereses políticos definitivamente es la ruta para el subdesarrollo del país. El rezago educativo y cultural hoy es más que evidente, basta con ver posturas que justifican y defienden recortes inescrupulosos por caprichos personales.
Definitivamente es necesaria la participación critica en cómo se constituyen los sistemas educativos y es vital una minuciosa aplicación y ejecución de los presupuestos asignados. Sin embargo, cada vez es más difícil imaginar como va a hacer la transición del conocimiento en el futuro sin las herramientas mínimas, ni apoyo por parte del gobierno.
La etimología filosófica de la palabra educación es pensar, el propósito es que “nos educamos para pensar”. Bajo esta premisa los centros educativos son los expertos en administrar la educación y la responsabilidad del gobierno es garantizar, proveer, establecer, financiar, promover e impulsar tal cual está consagrado en la Constitución Política de este país.