La educación pública es quizás uno de los principales indicadores de la realidad social y económica que existe en Costa Rica. La manera en la cual se da la vivencia en los salones de clase de las políticas públicas implementadas por las diversas administraciones en los últimos años, es un medidor fiable de hacia dónde se inclina las políticas públicas en torno a la educación pública y cuál es el futuro que le espera al país.

Ante esto es importante recordar algunos datos y hechos importantes, para el año 2011 se aprueba la reforma constitucional que da luz verde a destinar un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a educación, en comparación con el 6% que se destinaba constitucionalmente anteriormente.

Pero alcanzar realmente este mandato constitucional establecido en el artículo 78 de la Carta Magna se ha convertido en una utopía y como señaló en alguna entrevista el escritor uruguayo Eduardo Galeano, “al ver las utopías en el horizonte estas se van corriendo siempre y únicamente sirven para caminar mucho en tratar de alcanzarla”, y esto es lo que ha sucedido precisamente con el gasto público en educación en nuestro país se ha convertido en una meta que cada vez se denota más difícil de alcanzar o con poco interés de alcanzar.

Según informaba la Contraloría General de la República del 2015 al 2019  los porcentajes del PIB rondaron entre los 7.3% y un 7,6% en inversión en educación, con la pandemia y los procesos de recuperación económica posteriores, se rondaron cifras por debajo el 7%, y para el año 2023 se presupuestó por parte del gobierno un 6% del PIB y se plantea en el presupuesto que está en análisis en la Asamblea Legislativa, una disminución aún mayor en el presupuesto en educación

¿Qué consecuencias hay detrás de la disminución en la inversión en la educación pública? Las respuestas a esta interrogante pueden generar docenas de aristas diferentes, pero quizás las más visibles se notan en la afectación de la infraestructura educativa, las escuelas y colegios cada vez se encuentran en peores condiciones o con órdenes sanitarias, también en la cantidad de estudiantes con beneficios de comida o transporte, ya que cada año se ve disminuido el número de estudiantes que obtienen en totalidad este beneficio.

Aunado a lo anterior, existen otros elementos no tan visibles que de igual manera han sufrido las consecuencias de estos recortes, por ejemplo, la inversión en programas de educación como la apertura de más colegios bilingües o colegios con programa de Bachillerato Internacional, mayores y mejores convenios para el desarrollo de habilidades en campos de tecnología, ciencias e idiomas en los salones de clase.

Lo anterior, son indicadores que permiten realizar una comparación simple entre el sistema educativo público y el sistema educativo privado, donde se dan reformas o cambios importantes en cuanto a los modelos curriculares, evaluativos o metodológicos, en pos de acoplarse mejor a las necesidades de la sociedad actual. Notando quizás una brecha cada vez mayor entre las dos realidades.

Estas diferencias entre los sistemas educativos se evidencian también en el entramado social del país, ya que, las familias con ciertas posibilidades de enviar a sus hijos a centro educativos privados, los cuales han proliferado en los últimos años, le dan acceso quizás a algunas herramientas que no van a contar los estudiantes del sistema público. Por lo cual, esto se va a evidenciar en la desigualdad social y en la posibilidad de acceder a mejores puestos de trabajo en un futuro.

La inversión en educación pública no se debe reflejar únicamente en el los montos aprobados (o no) para el FEES, en lo cual se concentra mucha de la narrativa a favor o en contra del gasto público en educación, ya que es donde chocan intereses económicos en cuanto asegurar un mercado de la educación superior. Sino que, por lo contrario, debe enforcarse en lo que realmente se invierte en las escuelas y colegios.

Aquí es donde radica el problema en la administración actual, ya que, al carecer de una ruta educativa y de una explicación de los objetivos, los cambios están siendo enfocados y centralizados en la disminución del gasto en educación, pareciera que al igual que lo deja entre ver con la Caja, quisieran desmantelar el sistema educativo público y dejarlo cada día más en peores condiciones.

Por lo cual, se convierte en un eje de lucha primordial en la actualidad defender, la educación pública, tanto como un derecho de todos los jóvenes y niños, pero también como una herramienta real para lograr un mejor futuro.

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