Hacienda se niega a trasladarle a la CCSS millonarios recursos aprobados por el Congreso.

La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga confirmó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa la tarde de este martes que la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) creció durante el año 2022 en más de 252.000 millones de colones. 

Acosta compareció ante el foro legislativo para referirse al primer presupuesto extraordinario del 2023 que se tramita bajo el expediente 23.705, con el cual el Ejecutivo pide incorporar ingresos por 2.77 billones de colones (₡2.771.846.460,96 para ser exactos, léase: dos billones setecientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y seis millones cuatrocientos sesenta mil novecientos sesenta con noventa y seis céntimos colones costarricenses).

En su presentación ante los congresistas, Acosta resaltó que las transferencias destinadas a la CCSS en el mes de abril del 2023 presentan un decrecimiento del 2.0%, equivalentes a 3177 millones de colones.

Un informe sobre la liquidación del Presupuesto Nacional 2022 determinó que en 2022 el Estado no registró ni pagó transferencias corrientes a la Caja por 252.287 millones de colones, ni facturas por cuotas patronales por 40 millones de colones.

Asimismo, la contralora alertó que el Ejecutivo no incluyó en este presupuesto extraordinario los recursos a la Caja correspondientes al 10% del tercer desembolso del Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF-FMI) por un total de $27 millones de dólares; ni los recursos del remanente del segundo desembolso ($15 millones), a pesar de que según informes de la Caja, al mes de diciembre de 2022 el total adeudado por el Estado a la institución ascendía a 2.9 billones de colones.

Ante ello, el diputado Jonathan Acuña Soto recordó que la transferencia del 10% de los créditos internacionales que recibe Costa Rica debe destinarse a pagar la deuda del Estado con la CCSS, y que esa transferencia está excluida de la regla fiscal, sin embargo, el Ministerio de Hacienda se ha negado a trasladarle los recursos a la Caja alegando que el monto adeudado no está consolidado ni respaldado.

Acosta afirmó, sin embargo, que la Dirección General de Contabilidad Nacional reconoce la existencia de una deuda con la Caja —a abril de este año— de al menos 204.000 millones de colones, los cuales se están pagando a través de convenios.

La contralora afirmó que a la deuda de 2.9 billones que la Caja afirma tiene con ella el Estado, deben sumarse otras sentencias judiciales con montos no millonarios, "sino billonarios", y que a ese tema se le debe prestar atención pues podría afectar las cifras macro fiscales del Gobierno.

Eliécer Feinzaig Mintz, jefe del Liberal Progresista, anunció que dado que el Ejecutivo no incorporó la transferencia del 10% del tercer desembolso del SAF-FMI a la Caja como debió haberlo hecho ($27 millones), él ya presentó la moción de fondo para incorporar esa transferencia al proyecto de ley. Otros diputados se sumaron posteriormente a la moción con su firma.

Ante la advertencia de Acosta de que faltaban también los $15 millones del segundo desembolso del FMI, Feinzaig anunció que también presentarán una moción en ese sentido.