La agricultura desempeña un papel vital en la economía nacional, pero también plantea desafíos en términos de salud humana, sostenibilidad ambiental y de la reputación nuestro país. Por eso es que resulta crucial regular la aplicación de plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura, no solo para mejorar el desempeño de esta actividad económica, sino para proteger la salud de las personas y la utilización sostenible de los recursos utilizados en la producción agrícola.
La salud de la población es un tema primordial y una de las principales motivaciones –sino la más— de la iniciativa de ley que hemos presentado esta semana bajo el título Regulación de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente (expediente 23.783). Es claro que el uso poco regulado de pesticidas y agroquímicos puede tener efectos devastadores para la salud humana, para la economía y para la imagen de nuestro país frente a sus socios comerciales en el mundo.
Los trabajadores agrícolas, expuestos constantemente a estas sustancias, corren el riesgo de sufrir enfermedades graves, desde problemas respiratorios hasta trastornos neurológicos. Además, los residuos de plaguicidas pueden contaminar los alimentos, lo que puede tener consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad.
La sostenibilidad ambiental es otro aspecto crucial a considerar. Costa Rica es reconocida por su compromiso con la conservación de la naturaleza y la protección del ambiente. Sin embargo, el uso excesivo de agroquímicos puede tener un impacto devastador en los ecosistemas locales. Estas sustancias pueden contaminar los suelos y las fuentes de agua, afectando la flora y la fauna, y contribuyendo a la pérdida de biodiversidad.
Costa Rica ha logrado proyectar una imagen positiva a nivel mundial gracias a su compromiso con la protección del ambiente y la sostenibilidad. Sin embargo, si no trabajamos en mejorar la regulación de plaguicidas altamente peligrosos, esta reputación podría verse seriamente perjudicada, como ya ha ocurrido con parte de algunos de nuestros socios comerciales en Europa, que han elevado alertas sobre los índices de plaguicidas que utilizamos en nuestra agricultura.
Es claro que los consumidores están cada vez más preocupados por la seguridad de los alimentos que consumen y por el impacto ambiental de los productos que adquieren, y no podemos, como país responsable, ignorar esas legítimas preocupaciones. No solamente por las relaciones comerciales o las exportaciones, sino por la salud general de todas las personas.
Acompañado de la regulación, esta iniciativa de ley también busca fomentar la adopción de prácticas agrícolas más sostenibles y promover la investigación y desarrollo de alternativas más seguras para nuestros agricultores, en concreto, prevé un financiamiento para programas de extensión, capacitación y asistencia técnica para nuestros agricultores.
Por otro lado, la regulación de agroquímicos en la agricultura puede tener un impacto positivo en la economía. Costa Rica ha demostrado ser un destino turístico atractivo y un exportador de productos agrícolas de alta calidad, y mantener una imagen positiva en ambos aspectos es esencial para el crecimiento económico sostenible.
Además, la regulación de plaguicidas, hecha de forma responsable como lo plantea esta iniciativa, abre oportunidades para la innovación y el desarrollo de alternativas más seguras y eficientes. Nuestro país tiene un gran potencial para liderar en la agricultura sostenible, lo que podría impulsar la creación de empleo en sectores como la investigación agrícola, la producción de insumos biológicos y la comercialización de productos orgánicos certificados. Estas nuevas oportunidades económicas no solo benefician a los agricultores y emprendedores locales, sino que también fortalecen la resiliencia de la economía nacional frente a los cambios en la demanda global de productos agrícolas.
Además, la adopción de prácticas agrícolas más sostenibles puede ayudar a mitigar los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas frente a desafíos como sequías o inundaciones. Esto contribuirá a mantener una base productiva sólida en el sector agrícola, lo que a su vez impulsa la estabilidad económica y la seguridad alimentaria.
Es imperativo que los diputados analicemos detenidamente esta propuesta, más allá de los intereses particulares. Costa Rica hoy tiene la oportunidad de liderar el camino hacia una agricultura más segura y sostenible, y enviar un mensaje al mundo sobre su compromiso con la protección de la salud humana y el ambiente.
Invito a todos los diputados y diputadas a considerar el impacto a largo plazo de esta regulación, enfocándose en el bienestar de la población y el futuro de Costa Rica como líder de una agricultura sostenible. Es nuestra responsabilidad tomar decisiones informadas y visionarias que promuevan el desarrollo sostenible y mejoren la calidad de vida de los y las costarricenses y nuestro papel en el mundo.
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