La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Nicaragua proteger la vida del Obispo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa. 

En su resolución, la Corte encontró que, con la detención se configuran una serie de factores de riesgo que imponen la adopción de Medidas Provisionales, ya que Álvarez se encuentra en una situación de gravedad de que se consumen daños irreparables a su vida, salud e integridad personal.

Además, la Corte sostuvo que esta situación es agravada debido a que el obispo habría sido condenado a la “pérdida de derechos ciudadanos de carácter perpetuo y a la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”, lo que lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.

Además de su liberación inmediata, la CIDH señaló a Nicaragua que debe adoptar medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, salud e integridad del Obispo. Según detalla la resolución:

Requerir al Estado para que, mientras se surten los trámites administrativos necesarios para la liberación inmediata de Monseñor Álvarez Lagos, proceda a garantizar un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados. Esta orden no podrá ser utilizada para retrasar la liberación del beneficiario". 

Y agrega:

Incorporar las Medidas Provisionales otorgadas en la presente Resolución al Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, de manera que la situación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos quede comprendida dentro de ese asunto". 

El Tribunal otorgó como plazo hasta el 7 de julio de 2023 para que el Estado de Nicaragua le informe a la Corte sobre la situación de Monseñor, a la luz de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión.

Encarcelamiento y negación al exilio

En mayo de 2022, Álvarez Lagos denunció en un video la "persecución" que sufría de parte del gobierno sandinista y anunció un ayuno indefinido “a agua y suero” hasta que cesara el acoso. Posteriormente, en agosto, se le impidió salir de su casa a oficiar misa en la Catedral de San Pedro. Desde entonces permanecía en el Palacio Episcopal de Matagalpa sin posibilidad de salir y sin que pesara sobre él una orden de detención ni una acusación particular.

En la madrugada del viernes 19 de agosto la Policía ingresó a la Curia Episcopal de Matagalpa y detuvo al Obispo junto a ocho sacerdotes que le acompañaban.

Posteriormente, el 9 de febrero de 2023, el obispo rechazó subirse al avión que lo llevaría, junto con otros 222 presos políticos hacia Estados Unidos, al aducir que "primero tendría que hablar con los obispos". Esto provocó que Ortega lo calificara de "soberbio", "desquiciado" y "energúmeno", y lo enviara a una cárcel llamada La Modelo. 

Al día siguiente, se le declaró como "traidor a la patria", despojándolo de su nacionalidad y el gobierno le suspendió de sus derechos ciudadanos de por vida.

Monseñor fue condenado a 15 años de prisión, a 5 años por el delito de propagación de noticias falsas, otros 5 años y 4 meses por el delito de obstrucción de funciones agravada, así como a un año por el delito de desacato a la autoridad en perjuicio del Estado de Nicaragua.