El Plenario de la Asamblea Legislativa llevó a cabo este jueves un debate reglado sobre las cuatro sentencias de la Sala Constitucional que declararon ilegítima la suspensión de cinco directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte del Consejo de Gobierno, y que generaron condenatorias a pagar costas, daños y perjuicios que el Estado —es decir, el pueblo como un todo— deberá asumir.
La vicepresidenta del Congreso y diputada de Nueva República, Gloria Navas Montero, afirmó que la interpretación hecha por la Sala Constitucional al artículo 8 de la Ley Constitutiva de la Caja fue puntual, razonable, racional, proporcional y adecuada al sistema jurídico constitucional costarricense.
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, que el Poder Ejecutivo establece una resolución de carácter ejecutivo y separa a cinco funcionarios de la Junta Directiva, que es una Junta Directiva calificada porque representa los sindicatos, representa los patronos, representa las cooperativas.....
