El Plenario de la Asamblea Legislativa llevó a cabo este jueves un debate reglado sobre las cuatro sentencias de la Sala Constitucional que declararon ilegítima la suspensión de cinco directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte del Consejo de Gobierno, y que generaron condenatorias a pagar costas, daños y perjuicios que el Estado —es decir, el pueblo como un todo— deberá asumir.
La vicepresidenta del Congreso y diputada de Nueva República, Gloria Navas Montero, afirmó que la interpretación hecha por la Sala Constitucional al artículo 8 de la Ley Constitutiva de la Caja fue puntual, razonable, racional, proporcional y adecuada al sistema jurídico constitucional costarricense.
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, que el Poder Ejecutivo establece una resolución de carácter ejecutivo y separa a cinco funcionarios de la Junta Directiva, que es una Junta Directiva calificada porque representa los sindicatos, representa los patronos, representa las cooperativas... esa integración es sumamente importante para manejar la Caja Costarricense de Seguro Social y mantenerla independiente sobre lo que establece la Constitución Política y su propia ley constitutiva y reglamentaria. Eso significa que la reinstalación y la nulidad de la medida cautelar que se ordenó, violenta principios constitucionales y la advertencia al Poder Ejecutivo es: ojo, tengan cuidado con el manejo de la Constitución Política, con el manejo de estas resoluciones. Nosotros vivimos pagos una democracia y debe respetarse.
El jefe de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, afirmó que situaciones como las ocurridas hacían reflexionar acerca de la importancia de tener una Junta Directiva bien orquestada y focalizada en resolver los retos que como país tenemos.
Como neorrepublicanos defendemos la independencia de poderes y el diseño institucional de nuestro Estado, por lo que, así como los directivos destituidos tienen el derecho a acudir a la vía legal para defender sus puestos, pues el Gobierno también tiene derecho de hacer lo mismo. La división de poderes es un pilar indispensable para cualquier sociedad democrática, por eso deben operar independientemente, pero de forma colaborativa, con la finalidad de proteger e impulsar los derechos de los costarricenses y garantizar el bienestar del pueblo. Es el pueblo el que debe ser el centro de nuestro interés y de este debate.
Alvarado afirmó que si bien la Junta Directiva de la Caja es indefendible y "lo hecho pésimo por años", las intenciones del gobierno aunque fueran buenas, se tomaron fuera del orden institucional, que es garante de nuestro Estado republicano.
Así las cosas, creemos que el fallo de la Sala debe respetarse, se debe restituir a los directivos y, por supuesto, en el transcurso del tiempo, con un fallo o con la totalidad del fallo, donde podremos analizar ambas posiciones, pues también hubo votos en contra, podemos ampliar más sobre este tema y hablarles más a los costarricenses de la situación de la Caja.
El diputado Luis Diego Vargas Rodríguez del Liberal Progresista hizo énfasis en las actuaciones que la Junta Directiva impuesta por el Ejecutivo llevó a cabo, en especial la suspensión del portafolio de proyectos de infraestructura y tecnología, así como la destitución ed varios de los gerentes.
"Esa decisión, la mayoría de las cuales las califico de temerarias, tienen impacto directo sobre los asegurados, que somos los que al final terminamos pagando los platos rotos de los peligrosos juegos que algunos quieren posicionar o se quieren posicionar como salvadores del país y eso es muy peligroso. Como lo advertí en marzo en un control político y que no he escuchado ningún cambio en las dudas que yo tenía, lo peor que le puede pasar al sector salud de la salud pública es meterla en un proceso de retroceso, de paralización y deterioro. Lo peor que puede pasar es que se convirtamos la salud pública en un botín para demostrar que tienen poder, que pueden manejar las diferentes instituciones, diferentes procesos como, no sé, con una visión más de poder que otra cosa", afirmó el diputado liberal.
El legislador también cuestionó que mientras las filas de espera no bajan, la Presidencia de la Caja pone en riesgo la vida de pacientes al ingresar en un quirófano en medio de una operación, a hacer un video, lo cual calificó de "irresponsabilidad total".
Las decisiones erróneas en temas fundamentales de la Administración Chaves Robles dejaron de ser excepción para convertirse en regla, por eso no puedo evitar preguntarme: uno, ¿quién asesora jurídicamente al presidente y a su equipo?, ¿existe un análisis previo, lejos del populismo, sobre el impacto que esas decisiones sin fundamento muchas veces jurídico, tienen en los bolsillos y la salud de los costarricenses? Señores del Gobierno, me permito recordarles que la Procuraduría General de la República es un órgano superior, consultivo, técnico, jurídico de la Administración pública. Recurran a los abogados del Estado, pregunten, consulten, eviten más metidas de patas.
La diputada Johana Obando Bonilla, también del PLP, hizo un recuento por las condenas que la actual administración le ha causado al Estado: el cierre ilegal del Parque Viva, los insultos a periodistas, el amparo de Leonel Baruch contra Hacienda y ahora, cuatro amparos de directivos suspendidos de la Caja.
Es decir, llevamos cuatro hechos en donde el Estado está siendo constantemente condenado al pago de costas, ¿y por qué es preocupante esto?, bueno porque al final es nuestra plata la que va a ir a pagar esas costas es decir, no es del presidente ni de su gabinete, es de nuestro dinero y con el dinero el Estado como un buen administrador tiene que tener muchísimo cuidado y eso es parte del despilfarro que se hace.
Obando destacó la sana división de poderes en el país; cuestionó si "esta secuencia de capítulos bochornosos son el resultado de la impericia y el desconocimiento de este gobierno", lo cual afirmó que dudaba honestamente; y la poca visión que hay para la Caja Costarricense de Seguro Social, porque en este momento en lugar de estar en un dime y direte se debería estar enfocado en cuál es la visión que como país queremos para la Caja.
La diputada Sofía Guillén Pérez, jefa del Frente Amplio, afirmó que la sentencia de la Sala en su opinión implica tres cosas al menos: lo primero es que la institucionalidad costarricense todavía pesa y que es un fallo que le debería de recordar al Gobierno de la República que hay división de poderes, una Constitución Política y que el Presidente no puede andar quitando y poniendo gente si le cae bien o le cae mal, solo porque le objetan o lo cuestionan.
Yo sé que seguramente el señor presidente de la República quisiera hacer una especie de Bukele, o quisiera tener que gobernar en un país en donde haya una Constitución Política con muerte cruzada entre poderes, en donde pueda destituir a los magistrados, a los diputados y a cuantos miembros de junta directiva le caigan mal o gerentes, porque lo cuestionan. Pero no vive en esos países, no es en esas constituciones políticas en las que gobierna. Él, por si no se ha enterado, señor presidente de la República, usted gobierna bajo la Constitución Política de Costa Rica, usted juró respetarla el día que se juramentó y estas acciones atentan contra la Constitución Política.
Como segundo punto Guillén destacó que el fallo evidencia que las ocurrencias del presidente las terminamos pagando todos con dinero, de modo que además de ser un presidente que no respeta la Constitución Política y no conoce la institucionalidad costarricense, le sale carísimo al pueblo porque ahora va a haber que pagar los daños, perjuicios y costos causados.
Lo tercero es que tendría que llamarnos a una reflexión sobre los objetivos que este presidente persigue respecto a la Caja. Está muy claro de que en su Gobierno él persigue tres objetivos con la Caja; número uno, generar miedo, el segundo objetivo es garantizar control sobre la Caja y, finalmente, el tercer objetivo que parece perseguir el presidente, es desmantelar la Caja.
Mientras tanto, el subjefe del FA, Antonio Ortega Gutiérrez, declaró que el fallo es un respiro para el Estado social de derecho y la división de poderes y que da insumos para retratar que a Chaves le incomoda vivir en democracia, por eso la desprecia y por eso constantemente hace apología en contra de las instituciones.
Y como todo, como suele suceder, ningún machista acepta que es machista, ninguno homófobo acepta que es homófobo, pues, ningún autoritario va a aceptar nunca que es autoritario. Pues, bueno, compañeros y compañeras, ya en muchísimas ocasiones hemos visto cómo se ha referido el señor presidente y algunas de sus vocerías, incluida la jefa de fracción del partido de Gobierno, y sin duda alguna, si ellos pudieran, si ellos pueden, hicieran lo mismo que hicieron con la Caja en Tribunal Supremo de Elecciones, en las rectorías de las universidades de Costa Rica, en el Poder Judicial y con nosotros mismos. Si pudieran nos destituyen, ya lo han dicho, de una u otra manera.
Para el legislador la sentencia de la Sala daba la razón a quienes afirmaron que se llevó a cabo un golpe de Estado a lo interno de la Caja y que ya era hora que desde la Asamblea Legislativa se le dijera un alto al presidente.
La diputada Paulina Ramírez Portuguez de Liberación Nacional dijo que celebraba enormemente el fallo de la Sala porque no solo reforzaba el principio de autonomía constitucional de la Caja, en este caso sobre la absoluta independencia de los miembros de la Junta Directiva que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas, sino que visibiliza la división de poderes y la institucionalidad democrática.
De hecho, aprovecho para recordarle a la ministra de la Presidencia de la Caja, que el máximo tribunal de este país es la Sala Constitucional y que sus resoluciones son completamente vinculantes y de acatamiento obligatorio, no es aceptable que el Gobierno salga diciendo que valorarían las implicaciones jurídicas del fallo constitucional. No hay nada que valorar, señora ministra, la orden debe respetarse y cumplirse. Al señor presidente tengo que decirle que a mí tampoco me sorprende la decisión de la Sala Constitucional porque es clarísimo que en un Estado democrático siempre va a privar…, a primar la división de los poderes.
Por su parte, la diputada Montserrat Ruiz Guevara agregó que la resolución es el ejemplo máximo de la calidad de Estado social de derecho que existe en Costa Rica y que tiene todas las barreras necesarias para evitar los intentos autoritarios de lesionar las instituciones; además de que le recordaba a Chaves que no gobierna en solitario, que existe una sólida división de poderes y una serie de controles democráticos.
Por desconocimiento, por falta de humildad, prepotencia o por simplemente mala intención, el Gobierno responde a esta razón diciendo que analizará las implicaciones jurídicas. No, señoras y señores del Ejecutivo, aquí no hay absolutamente nada que analizar. Les recomiendo que vayan a leer la Constitución Política y así van a poder entender a cabalidad que las resoluciones de la Sala Constitucional son de acatamiento obligatorio. Aquí no hay nada que analizar, además de que esta es la instancia máxima para el resguardo del ordenamiento jurídico de nuestro país.
Mientras tanto, Carlos Felipe García del PUSC retó a la fracción oficialista a presentar las reformas constitucionales y a la Ley de la Jurisdicción Constitucional que desean para que el Gobierno tenga margen de acción, porque "ese es el camino y cómo evoluciona la Administración pública y el Estado de derecho, y eso es a lo que hemos estado acostumbrados los costarricenses o como esta fue la decisión que tomó un país posteriormente a una guerra civil".
Materialicen las propuestas, materialicen las propuestas. Está bien, hay problemas con la Sala Constitucional, presenten la reforma de la Ley de Jurisdicción Constitucional y la discutimos en este Plenario. Esa es la ruta, porque la discusión no es de fondo, es de forma. Si están inconformes cómo eligen los magistrados en este país, presenten la reforma constitucional y que vayamos a voto público como lo consideren idóneo. Pero están los canales institucionales que se establecen, a como a nosotros nos rige un Reglamento legislativo, hay una ley de jurisdicción constitucional y también hay magistrados electos legítimamente en el Estado de derecho por esta Asamblea Legislativa en la construcción de mayorías de treinta y ocho votos. ¿Queremos cambiar la Sala Constitucional? Votemos y elijamos la Sala Constitucional y el magistrado que está pendiente. ¿Por qué no lo hemos visto? Veintidós meses tiene esta Asamblea Legislativa sin haber elegido magistrados.
Por su parte, Vanessa de Paul Castro afirmó refiriéndose al oficialismo que cuando ella fue diputada de Gobierno, siempre trató de que esa condición no la cegara.
Yo no podría osar nunca a desafiar la Sala Constitucional, no la Sala, a desafiar la institucionalidad del país y decir o poner en duda la resolución de la Sala. Y mucho menos cuestionar si cambia la jurisprudencia, perdón, señores, lean jurídicamente lo que corresponde, la Sala…, la jurisprudencia puede cambiar y variar de conformidad con los tiempos y las situaciones, siempre dentro de un marco normativo, siempre dentro del marco de ley. Entonces, no se vale señalar como un yerro, precisamente, que la Sala haya cambiado de criterio, si cambió de criterio es que vio circunstancias diferentes desde el punto de vista legal.
Castro afirmó que a Chaves la Sala le estorba como le estorbó a Nayib Bukele y que era momento de meditar profundamente el camino que se lleva y la escalada de Gobierno en estos temas.
Breves
— El Frente Amplio, Liberación Nacional y 2 diputados del Liberal Progresista presentaron una moción de censura contra Nogui Acosta señalando al jerarca de Hacienda de carecer de sustento técnico para acusar al empresario Leonel Baruch Goldberg, ligado al Banco BCT y al diario digital CRHoy.com, por el supuesto "megacaso" de fraude fiscal, así como de "instrumentalizar políticamente" la lucha contra este delito. La moción también reprocha a Acosta el "amenazar a la independencia de poderes y al orden democrático"; y de resistirse a girar los fondos correspondientes a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), destinados a pagar la deuda que el Estado tiene con la institución.
— La bancada del Liberal Progresista presentó una segunda moción de censura contra Acosta al acusarlo de actos que "constituyen un perjuicio evidente a los intereses públicos" y porque Acosta "ha perdido la confianza sobre la que se construye la legitimidad y la sostenibilidad del sistema político, que además es clave para la estabilidad social y económica del país".
— El Plenario avanzó este jueves con 40 mociones de fondo y 35 mociones de revisión al proyecto de jornadas 4x3. Restan 185 mociones de fondo.







