Después de 20 años de no aportar para el funcionamiento del centro educativo, la Fundación Conservatorio Castella, dueña registral de los terrenos desde el 2002, regresa a la acción con sus intenciones privatizadoras, valorando entre otras cosas, vender uno de los terrenos y hacer un fideicomiso para coadministrar la institución pública.
Las declaraciones a la prensa de parte del vocero de dicha fundación privada, luego de una reunión con la ministra de Educación donde expusieron sus intenciones, levantaron la preocupación entre la comunidad educativa.
Las pretensiones de la fundación privada reaparecen después de dos décadas en las cuales el Conservatorio de Castella ha funcionado con bastante normalidad, graduando más de 1000 bachilleres, obteniendo elevados promedios de rendimiento académico y artístico y atendiendo cada día a más de 1.100 estudiantes, ofreciéndoles alimentación, transporte y lo más importante, formación técnica de excelencia en artes.
Las amenazas privatizadoras de la fundación no son nuevas, en el 2010 las personas de la fundación privada, presidida entonces por el abogado Edgar Rojas, intentaron inscribir el escudo y nombre del Conservatorio de Castella como marca.
Además, iniciaron un proceso legal contra el Estado donde solicitaban que se declarara la institución como un centro educativo privado, valoraron las propiedades en $21 millones y reclamaron un alquiler mensual de más de $145.000 por las instalaciones del Castella mientras duraba el juicio. Esto fue rechazado de plano por los Tribunales de Justicia.
En ese proceso el representante legal de la Fundación fue el hijo de don Edgar Rojas, el actor y abogado Gustavo Rojas quien actualmente preside dicha fundación.
En la sentencia de un Tribunal Contencioso Administrativo del 2015, que quedó en firme, los jueces ratificaron el carácter público del centro educativo, al tiempo que la inscripción de los terrenos por parte de la fundación privada sigue en un litigio que actualmente se encuentra en la etapa de casación, ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
La disputa en la que insiste la fundación privada ha provocado que por 20 años el Estado no haya podido invertir en las mejoras de infraestructura, tareas que ha asumido la Junta Administrativa pública con apoyo de los padres.
El modelo de educación pública del Conservatorio de Castella como colegio técnico artístico, ha permitido que estudiantes de todos los estratos socioeconómicos estudien y se especialicen en arte de forma gratuita desde hace 70 años, siendo la institución un dinamizador social.
El impacto social y económico del Conservatorio de Castella, institución declarada Benemérita de la Patria, es invaluable. Entre sus exalumnos se encuentran reconocidos artistas nacionales, pero también sobresalientes profesionales de distintas disciplinas.
Según datos de la UNESCO del 2021, la economía naranja contribuye a un 3% del PIB mundial, en el centro de esta economía se encuentran las industrias culturales y creativas, que se sitúan en la intersección de las artes, la cultura, el comercio y la tecnología.
Desde su creación en 1953, los salarios de los profesores del Castella los ha pagado el Ministerio de Educación Pública (MEP), los 1.100 estudiantes reciben educación artística y académica gratuita, pagando únicamente, de ser necesario, el transporte y una cuota solidaria a la Junta Administrativa.
La naturaleza pública del Conservatorio de Castella la explica el mismo don Arnoldo Herrera en la Asamblea Legislativa de 1967, cuando los diputados acordaron una partida de 1 millón de colones por medio de Bonos del Estado, es decir dinero público, para ampliar las instalaciones del centro educativo.
Gracias a esto, la institución pasó de 250 m2 a tener propiedades de 131.600 m2, entre los terrenos del Teatro Arnoldo Herrera en Sabana Norte y la finca donde se encuentran las instalaciones del Castella, en Barreal de Heredia.
Todo esto consta en las actas de la Asamblea Legislativa, documentos oficiales, la placa de la administración Orlich, el Diario Oficial La Gaceta del 3 de febrero de 1968 y la del 16 de mayo de 1967 y en la sentencia judicial.
Por eso causa preocupación las intenciones de la fundación privada, que despierta el fantasma privatizador que ha rondado al Castella desde el 2001, donde la institución ha seguido funcionando de forma resiliente graduando estudiantes sobresalientes en nuestro país.
La gran generosidad del señor Carlos Millet de Castella al donar 100 mil colones y 250 metros cuadrados, y la visión vanguardista de don Arnoldo Herrera deben cuidarse, fortalecerse y replicarse por su impacto cultural, económico y social.
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