En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 10 de mayo, el gobierno denunció que una serie proyectos aprobados por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), por un monto de más de 4 mil millones de colones no cuentan con las condiciones adecuadas para vivir.

Los casos, que ocurrieron entre el 2018 y 2019, dejaron a 149 familias de Turrialba y Puntarenas sin casa propia debido a que los estudios preliminares no reflejaron la realidad de los terrenos.

Para hacer frente a la situación el viceministro de Vivienda y presidente de la Junta Directiva del Banhvi Banco Hipotecario de la Vivienda, Roy Allan Jiménez, y la presidenta del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Jessica Martínez, presentaron dos denuncias ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra funcionarios involucrados en la aprobación de los proyectos.

En específico los procesos corresponden a situaciones acontecidas en las urbanizaciones Bellavista en Turrialba y Santa Fe en Chacarita de Puntarenas.

Martínez indicó que en el caso de Puntarenas el terreno que se compró, en el que se construyó y desarrolló, se inunda pues está muy cerca del estero de Puntarenas, además tiene un nivel de las aguas superficiales al borde.

Se financió el proyecto, obviamente ha tenido reiteradas obras de modificación y reconocimiento de imprevistos que nosotros no los consideramos como imprevistos, porque son condiciones naturales del terreno, que nunca debió haberse construido ni financiado con recursos públicos", detalló. 

El caso de Turrialba mencionó que tiene condiciones de topografía difíciles, “es una calle de menos de 4 metros, sin pavimentar, cruza un río esa calle, todos los materiales de construcción se tuvieron que meter por una finca vecina”. Añadió que no se cumple con la ley 7600 y que las pendientes son realmente altas, entre otros inconvenientes.

Estamos realmente preocupados por las familias de escasos recursos porque estamos dándoles soluciones en zonas donde no hay condiciones óptimas para hacerlo".

A pesar de esta situación, la administración financió cambios sustanciales en los diseños originales para subsanar problemas que debieron identificarse desde la realización de los estudios preliminares. Martinez indicó:

Es nuestro deber denunciar a quienes tenían la responsabilidad de detectar los errores en el proceso y permitieron que siguiera su curso cuando lo correcto era detener su construcción desde el inicio y solventar los problemas hallados”.

Ambos casos se aprobaron en la administración anterior por la Junta Directiva del BANHVI para que se financiaran mediante el artículo 59 de la Ley 7052 del Sistema Financiero para la Vivienda.