Se allanan viviendas, oficinas del BCR, BP y CCSS. Hay 8 detenidos.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realizó la mañana de este lunes 18 allanamientos por una investigación por los presuntos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.

Según informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa, los allanamientos se realizaron en casas de habitación ubicadas en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados, Guadalupe y Puntarenas. Asimismo, se allanaron oficinas del Banco Popular (BP) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con la Fiscalía ocho personas fueron detenidas. Ellas responden a los apellidos Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo. Asimismo se busca prueba física y electrónica para incluirla en la investigación.

El caso arrancó cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una denuncia en la que se indicaba que un extrabajador de una empresa privada habría indicado a algunas personas que tenía un contacto en el Banco Popular para agilizar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Por otra parte, la entidad recibió informaciones acerca de posibles retiros del ROP de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS.

Tras las investigaciones realizadas por el banco y por el OIJ se detectó que entre octubre del 2019 y el 8 de setiembre del 2020 aproximadamente 29 empleados de empresas, la mayoría vinculados al extrabajador, habrían obtenido por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS una certificación con declaraciones falsas, las cuales indicaban que esas personas contaban con pensión por invalidez.

En apariencia, con dicho documento las personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular el retiro del ROP, bajo la presunta justificación de pensión por invalidez.

Desde la Superintendencia de Pensiones (Supen) enviaron un comunicado de prensa en el que aseguraron que  la operadora de pensiones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal les informó esta mañana de que desde el 2020 este caso fue puesto en conocimiento por parte de ellos ante el OIJ. Adicionalmente, Supen informó que, desde marzo del 2020, "la Dirección Administrativa de Pensiones, sólo se opera con certificaciones digitales centralizadas, mitigando así el riesgo operativo asociado a certificaciones físicas".

El Ministerio Público informó inicialmente que oficinas del Banco de Costa Rica habían sido allanadas también como parte de este caso, sin embargo, el BCR negó tal hecho en un comunicado posterior. La Fiscalía confirmó hasta las 5:26 p.m. que efectivamente el BCR no había sido allanado.

El caso se mantiene en investigación dentro del expediente 20-024657-0042-PE.

Nota actualizada a las 11:19 a.m. con la declaración del Banco de Costa Rica, a las 12:21 con la comunicación de la SUPEN y a las 17:40 con la corrección de la Fiscalía respecto a que el BCR no fue allanado como informaron inicialmente.