El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invocó este miércoles la conocida "muerte cruzada", una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una "grave crisis política" derivada del juicio político en contra de él.
Menos de 24 horas después del arranque del juicio político, Lasso ha firmado un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones --"inmediatamente". Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas para designar diputados y presidente para el periodo que resta de sus respectivos mandatos.
La "muerte cruzada" es una disposición incorporada en la Constitución de Ecuador desde 2008, en el artículo 148. En la convocatoria a estas elecciones anticipadas el presidente en funciones tiene permitido postularse, por lo que puede considerarse como un plebiscito de revocación para el caso del Poder Ejecutivo.
Lasso ha afirmado que ser presidente, "un honor sin comparación", implica "tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda". "Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado el Ecuador", ha declarado en un discurso a la nación.
El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, "tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado". A día de hoy, ha apuntado, "no es posible avanzar" en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de "fiscalización" sino que se limita a la "obstrucción".
La oposición, ha señalado, quiere "usurpar" todos los poderes del Estado, impulsada por un "sobrehumano rencor", en palabras del presidente. "Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada", ha sentenciado durante su discurso, en el que ha vuelto a defender su inocencia.
El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno.
"Admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales", agregó Lasso.
El presidente, que dijo que la "aspiración mayoritaria" de la ciudadanía pasa por poner fin a una "confrontación irracional e inútil", ha explicado que convocar elecciones devuelve a los ecuatorianos "el poder de decidir su futuro".
La medida deja margen al Gobierno para aprobar decretos de urgencia económica y Lasso ya ha confirmado la emisión de uno que contempla una rebaja de impuestos, ya "sin bloqueos" y pendiente ahora de la revisión de la Corte Constitucional.
Tras declarar la disolución del Congreso, efectivos de las Fuerzas Armadas se apostaron en las afueras de la Asamblea Nacional. Asimismo, el jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño Rodríguez, aseguró que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional mantendrán "inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes".
